Pamplona (EFE).- Los grupos parlamentarios han presentado este miércoles sus conclusiones de la Comisión de investigación sobre la adjudicación de obras públicas en Navarra. Mientras que el PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, además del propio Gobierno Foral, consideran que no ha quedado acreditado que hubiera corrupción en estas licitaciones, UPN y el PP destacan que tampoco se ha demostrado que no la hubiera y aseguran tener incluso más dudas que antes.
El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que durante la comisión «ha quedado claro que no existe ningún mínimo atisbo de corrupción» en el Ejecutivo foral.
«En el transcurso de la propia comisión de investigación ha quedado claro que no existe ningún mínimo atisbo de corrupción o de comportamiento ilícito por parte de ningún funcionario, de ningún responsable público del Gobierno de Navarra», ha declarado en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno.
«Frente a una teoría irresponsable, que no solo campa por nuestro ámbito institucional, sino por el conjunto de España, donde la extensión generalizada de la sospecha, y ante cualquier mínimo indicio, ni siquiera corroborado ni sustentado en ningún tipo de prueba ni de hecho, se extiende ya una sospecha generalizada, lo que se ha visto es que el Gobierno de Navarra ha actuado siempre con responsabilidad, con cumplimiento estricto a la norma», ha indicado.
Remírez denuncia la extensión generalizada de la sospecha
Ha repetido que «ha quedado claro en el desarrollo de esa comisión de investigación, y a la espera de conocer las conclusiones definitivas, que no hay el más mínimo atisbo de corrupción ni de comportamiento inadecuado o ilícito de ninguno de los funcionarios ni de los responsables públicos de Navarra, pese a todo lo que se ha dicho y, como digo, a esa teoría irresponsable y de pura antipolítica de extensión generalizada de la sospecha».
«Una cosa es el aspecto penal, que ha quedado claramente demostrado que no hay el mínimo atisbo ni indicio de delitos de corrupción, y otra cosa es que los procedimientos administrativos sean mejorables, pero ocurre en este caso y en otros muchos casos», ha expuesto.
En ese sentido, ha dicho que la gestión de la contratación pública «está en constante revisión para alcanzar un grado máximo de transparencia, de eficacia y de eficiencia».
UPN pide la dimisión de la presidenta Chivite
La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha asegurado por su parte que su formación no sostiene que la corrupción haya quedado acreditada en la Comisión , pero sí considera que “es imposible afirmar de forma tajante que no hay corrupción” en la adjudicación de Belate y ha solicitado la dimisión de la presidenta de Navarra, María Chivite.
Ibarrola ha defendido que los indicios existentes son ahora “mayores” que al inicio de la investigación parlamentaria y ha sostenido que “todas las piezas cuadran” en relación con las adjudicaciones analizadas.
En ese sentido, ha apuntado a la existencia, a su juicio, de un interés específico por situar a determinadas personas en mesas de contratación mediante procedimientos “muy extraños, cuando menos”, así como a supuestas injerencias para modificar puntuaciones durante los procesos de adjudicación. En este sentido, ha señalado directamente al presidente de la mesa de contratación, Jesús Polo.
La dirigente regionalista ha vinculado además estas circunstancias con patrones similares a los observados en otras investigaciones sobre presuntas tramas de corrupción vinculadas a obra pública, aunque ha señalado que corresponde a la Justicia determinar finalmente si existen pruebas suficientes.
El dictamen, de 94 páginas, plantea una reprobación política explícita de la presidenta, María Chivite, del consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, del exconsejero Bernardo Ciriza, del exdirector general de Obras Públicas Pedro López y del exdirector del servicio de Nuevas Infraestructuras Jesús Polo, a quienes atribuye distintas responsabilidades políticas derivadas de la gestión de las adjudicaciones investigadas.
A juicio de la líder de UPN, Chivite ha sido fundamental “tanto por acción, por el poder y el estatus que ha dado a los miembros más relevantes de la presunta trama corrupta, como por omisión, por no haber actuado ante los avisos, advertencias e indicios de lo que estaba sucediendo, así como por intentar ocultar lo ocurrido y obstaculizar la investigación y la labor de la oposición”.
Cerdán y Servinabar
Ibarrola ha recordado también que, además de depositar en Santos Cerdán «toda su confianza» personal y política, “abrió también las puertas del Palacio de Navarra a su, según la UCO, socio en Servinabar, Antxon Alonso”.
Por todo ello, ha asegurado que “María Chivite es la máxima responsable política de haber adjudicado Belate a la presunta trama corrupta de Cerdán. Y a las presuntas cloacas del PSOE, porque Santos Cerdán y Antxon Alonso, estarían vinculados, según las últimas investigaciones conocidas, a las cloacas del PSOE”.
“María Chivite no ha actuado en defensa del interés general de la Comunidad Foral y de sus ciudadanos y únicamente lo ha hecho en defensa de sus intereses políticos y partidistas, generando con su actuación un daño reputacional a la Comunidad Foral innegable. De manera deliberada, desoyó los indicios de corrupción en torno a la adjudicación de la duplicación de los túneles de Belate”, ha criticado.
La presidenta de UPN también se ha referido a que esta Comisión “pasará a los anales por las ausencias”, puesto que, a su juicio, “ha estado limitada por la falta de las comparecencias de personas muy relevantes en el devenir de los hechos”. Ibarrola ha mencionado a Ramón Alzórriz, los trabajadores de Servinabar, Elma Saiz, José Luis Arasti o Javier Remírez: “han quedado, por tanto, muchas preguntas sin responder y muchas explicaciones por darse”.
“Y junto a las ausencias, la comisión de investigación ha estado marcada por las mentiras y las contradicciones”, ha manifestado Ibarrola, quien ha recordado que “algo que también ha quedado acreditado” es que fue Cerdán quien negoció con EH Bildu la moción de censura en Pamplona.
El PSN no ve corrupción pero sí «nichos de mejora»
El portavoz del PSN en la Comisión, Javier Lecumberri, ha afirmado que ha quedado acreditado que no ha habido corrupción, pero sí hay «nichos de mejora» tanto en la Ley de Contratos Públicos como en los reglamentos sobre la conformación de las mesas y las decisiones que se toman en las mismas.
El PSN, ha declarado en conferencia de prensa, está «muy satisfecho» con las conclusiones finales a las que ha llegado tras 43 comparecencias parlamentarias en las que se han estudiado 9 obras públicas. «Las conclusiones para nosotros son bastante claras y, en este caso, además, son compartidas» con EH Bildu y Geroa Bai.
Estas conclusiones, ha expuesto, están divididas en cuatro bloques y en el primero se destaca que «no se ha constatado la existencia de ninguna práctica corrupta entre responsables políticos o funcionarios del Gobierno de Navarra».
La segunda conclusión, ha agregado, es «la no existencia de ningún indicio de práctica corrupta» en las empresas licitadoras o adjudicatarias y la tercera, que «no existe indicio alguno de que en ninguna de las obras que han sido licitadas haya habido principios de corrupción, de corruptelas o de alguna otra cuestión similar».
La cuarta se centra en las obras de Belate, en las que «no ha quedado acreditada la existencia de ninguna injerencia por parte de ningún político ni de ninguna empresa con respecto a la licitación de las obras. Eso es lo que nos han dicho todos los comparecientes», ha subrayado.
Lecumberri ha apuntado que Contigo-Zurekin les ha trasladado que está de acuerdo en los cuatro puntos, pero «querían incluir alguno más y además quieren hacerlo desde su autonomía y desde su capacidad de gestión como grupo político».
Reforzar los órganos de control
Además, el PSN ha realizado una serie de recomendaciones porque según ha dicho «sí que es cierto que, no habiendo injerencias políticas ni corrupción ni principios de corrupción», han visto que en algunos casos «hay procedimientos que pueden ser mejorables, irregularidades administrativas, como así lo han detectado también algunos de los distintos órganos de la Administración que han realizado distintos informes y auditorías».
El PSN cree que también hay que reforzar los medios de lucha contra la corrupción, como la Intervención General, especialmente en el seguimiento de las obras, y también la Oficina de Buenas Prácticas, que «hace un buen trabajo y hay que dotarle de los medios suficientes como para hacer su trabajo».
Lecumberri ha lamentado «cómo desde el principio algunos, sin ningún tipo de indicio, han ido apuntando a ciertas cuestiones que en ningún caso han sido comprobadas ni demostradas claramente con intereses políticos».
«Hemos visto especialmente por parte de UPN, PP y Vox una intencionalidad política más allá de aclarar las circunstancias de todas estas obras y todas las licitaciones», ha denunciado.
Además, ha puesto de relieve que ninguna de las obras estudiadas en la Comisión de Investigación «está incursa en ninguna investigación por parte de ningún juzgado o Fiscalía».
EH Bildu ve «incumplimientos» y «conducta discutible»
EH Bildu ha concluido que en la Comisión «no se ha podido acreditar» la existencia de prácticas corruptas por parte de los responsables políticos del Gobierno de Navarra ni de los funcionarios que han intervenido en los expedientes analizados aunque sí algunos «incumplimientos» y «conducta discutible».
La información disponible «no permite a la comisión sostener que se haya producido un acuerdo corrupto entre cargos públicos y terceros, que sería una condición sine qua non, una condición necesaria para poder acreditar la existencia de estas prácticas corruptas», ha sostenido en rueda de prensa el portavoz de EH Bildu en la comisión, Adolfo Araiz, quien ha indicado que las conclusiones son compartidas con PSN y Geroa Bai.
Asimismo, ha añadido, «no se ha podido acreditar la participación de empresas licitadoras o adjudicatarias en prácticas corruptas dirigidas obtener adjudicaciones de las Obras Públicas de la administración, de sus organismos o de sus sociedades».
Araiz ha agregado que «no han aparecido elementos probatorios directos que permitan afirmar la existencia de prácticas corruptas en las obras concretas del objeto de investigación», pero ha precisado que se ha constatado la «existencia de vicios de procedimiento, la emisión de los votos particulares, que también son elementos que hay que tener en cuenta más allá de su valoración jurídica y de las consecuencias jurídicas que pudo tener o debió tener la emisión de esos votos particulares».
«Todas estas circunstancias, aun siendo objetivamente incumplimientos de la legalidad y de la buena administración, no se han acompañado de pruebas concluyentes que acrediten el siguiente paso, que es la existencia de un pacto ilícito entre decisiones públicas y operadores privados y un beneficio indebido derivado de dichas irregularidades», ha sostenido.
Las limitaciones de la Comisión
Araiz ha puntualizado que se ha evidenciado una «dispar calificación jurídica de estas irregularidades».
Sobre las injerencias políticas en la mesa de contratación, ha dicho que entienden que «no ha quedado acreditada» su existencia porque todos los vocales que han comparecido «han manifestado de forma coincidente no haber recibido instrucciones, ni presiones de responsables políticos o de partidos para orientar el sentido de sus valoraciones técnicas en la mesa».
A pesar de ello ha habido, a su entender, «conductas discutibles del presidente de la Mesa hacia algunos técnicos» que pueden suponer «un quebranto de la imparcialidad interna de la Mesa, pero que no han sido vinculadas a órdenes o directrices emanadas de instancias políticas».
Por todo ello ha considerado que «no puede afirmarse esa existencia de injerencia política» pero eso no significa que «no existieran» ya que las «limitaciones» que ha habido «han impedido descartar con carácter definitivo lo que solamente la investigación judicial podría acreditar».
Geroa Bai cree que el tema de Belate «puede seguir abierto»
Geroa Bai ha considerado que no se ha podido acreditar «la existencia de contraprestaciones, beneficios personales ni mecanismos de compensación vinculados a los procedimientos de contratación examinados» a lo largo de la Comisión.
Tampoco, ha añadido, se ha podido demostrar «la existencia de instrucciones políticas, presiones externas o actuaciones dirigidas a predeterminar el resultado de las adjudicaciones analizadas».
El parlamentario de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha dado a conocer en rueda de prensa las conclusiones de la coalición, entre ellas, la relativa al expediente de los túneles de Belate.
Ha declarado que “durante el desarrollo de los trabajos, se ha conocido un segundo informe de la UCO, a finales de año, que hace referencia a una denuncia presentada y a un posible requerimiento para que la investigación del expediente sea llevada a sede judicial”, por lo que “el asunto puede seguir abierto”.
Reforzar las garantías procedimentales
Azcona también ha subrayado que los responsables de las mesas y órganos de contratación que han comparecido “han manifestado de forma directa y expresa y coincidente no haber recibido indicaciones políticas sobre el sentido de sus decisiones”.
“No obstante, Geroa Bai entiende que las discrepancias detectadas y los pronunciamientos emitidos por distintos órganos de control evidencian la necesidad de reforzar las garantías procedimentales en futuros procesos de contratación pública”, ha añadido el portavoz.
En este sentido, ha asegurado que “es evidente que ha habido procedimientos que son mejorables” en cuanto a los procedimientos de las mesas de contratación, las valoraciones técnicas que se producen y cómo se producen.
Ha planteado una revisión la Ley Foral de Contratos Públicos ya que “su título segundo y tercero no afectan a las sociedades públicas, por ejemplo, como Nasuvinsa. Y si queremos que sí lo haga habrá que reformar y esa es una de las posibles conclusiones».
El PP sigue teniendo «dudas y sospechas»
El PPN ha concluido que tras ocho meses de comisión de investigación sobre adjudicación y licitación de obras públicas por parte del Gobierno de Navarra «las dudas y las sospechas sobre una posible corrupción siguen sin despejarse”.
Esa es la «principal conclusión» para su presidente, Javier García, quien remarca que la comisión «no ha servido para despejar las dudas que existían y que continúan existiendo a día de hoy”.
García señala en un comunicado que durante estos meses se han conocido «numerosos hechos, informaciones e indicios que impiden cerrar este asunto sin interrogantes».
A su juicio, “son demasiadas irregularidades, demasiados incumplimientos, demasiadas conexiones y demasiadas formas de operar que se repiten. También se repiten los protagonistas, las empresas y determinadas relaciones que generan una evidente preocupación”, añade.
En este sentido, el PPN destaca el papel de Servinabar, empresa propiedad de Antxon Alonso y que, según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, estaría participada en un 45% por Santos Cerdán.
En sus conclusiones recoge que «no se ha podido acreditar de forma suficiente cuál era la aportación real de Servinabar en las diferentes uniones temporales de empresas constituidas junto a Acciona para concurrir a contratos públicos de obra adjudicados por distintas administraciones navarras».
“Resulta difícil comprender cuál era el valor añadido que aportaba Servinabar a la ejecución de determinadas obras. Por el contrario, existen elementos que apuntan a que su función pudo ser más instrumental para facilitar determinadas adjudicaciones y, presuntamente, para favorecer el enriquecimiento personal de quienes formaban parte de una posible trama”, apunta García.
Los obstáculos que ha tenido la Comisión
Para el PPN existen «numerosos elementos que, cuando menos, justifican las dudas sobre la existencia de posibles prácticas corruptas en la adjudicación de obra pública en Navarra».
Entre ellos cita los distintos informes de la UCO conocidos durante estos meses, así como las numerosas informaciones publicadas por diferentes medios de comunicación, procesos judiciales abiertos, e instituciones como la OANA que han emitido «informes demoledores sobre la adjudicación de contratos de obra pública».
Al mismo tiempo denuncia «las limitaciones y obstáculos con los que ha tenido que desarrollar su labor de control parlamentario dentro de la comisión».
“Desde el primer momento presentamos un plan de trabajo que incluía solicitudes de información y propuestas de comparecencias que fueron rechazadas por el Partido Socialista y por los grupos que sostienen al Gobierno de Navarra”, indica García que añade que estas decisiones han condicionado el desarrollo de la investigación parlamentaria.
De esta forma, en su opinión, “se ha impuesto un relato interesado y cuidadosamente medido que ha afectado de manera evidente a la transparencia de la comisión y ha obstaculizado la labor parlamentaria» de su grupo.
Respecto al debate y votación de las conclusiones que tendrá lugar la próxima semana, dice no albergar «grandes expectativas».
Contigo-Zurekin defenderá sus propias conclusiones
Contigo-Zurekin defenderá unas conclusiones propias en la Comisión de Investigación, en las que sostiene que han quedado acreditadas «irregularidades», deficiencias normativas y una relación entre parte del poder político y empresarial, aunque afirma no haber encontrado pruebas que permitan concluir que existió corrupción en las obras analizadas.
Así lo ha expuesto este lunes el portavoz de la formación en la comisión, Miguel Garrido, quien ha defendido que la comisión ha permitido constatar la existencia de “un cúmulo de irregularidades y malas prácticas” en algunos procedimientos administrativos, especialmente en torno a la adjudicación vinculada a los túneles de Belate, aunque ha insistido en separar esas prácticas de la existencia de corrupción acreditada.
Entre las principales conclusiones avanzadas por Contigo-Zurekin figura la existencia, a juicio de la formación, de una “connivencia estructural” entre parte del poder político y empresarial, situación que considera “oscura, opaca y poco saludable” desde el punto de vista democrático. Garrido ha vinculado esa reflexión a testimonios escuchados durante la comisión y a las relaciones conocidas entre determinados responsables políticos y empresariales.
La formación sostiene además que los trabajos parlamentarios han puesto de manifiesto insuficiencias en la legislación y reglamentación sobre contratación pública, así como situaciones de inseguridad jurídica respecto a la aplicación de determinados aspectos de la normativa a empresas públicas, circunstancias que, según ha defendido, deberían corregirse mediante reformas normativas.
Garrido ha hablado de «insuficiencia del andamiaje reglamentario» que no ha supuesto una «vulneración de la ley», sino que «la ley no es suficiente». Ha apuntado a que se logre «que la actuación no dependa de la buena voluntad, sino de la legislación».
Contradicciones entre algunas comparecencias
Garrido también ha señalado la existencia de contradicciones entre algunas comparecencias que, a juicio de su grupo, podrían ser relevantes desde el punto de vista jurídico, citando específicamente testimonios relacionados con el cambio de funciones del secretario de la mesa de contratación de Belate, Lorenzo Serena, y con facturas emitidas por el bar Franky.
Pese a ello, Contigo-Zurekin concluye que “no queda acreditada ninguna práctica explícita de tráfico de influencias, injerencias políticas o empresariales” orientada a favorecer adjudicaciones concretas a cambio de contraprestaciones, y sostiene que durante los nueve meses de comisión no han encontrado “ninguna prueba ni indicio claro” que permita afirmar la existencia de corrupción en las obras analizadas.
Respecto a la recta final de la comisión, Garrido ha confirmado que las conclusiones serán presentadas de forma autónoma, aunque ha avanzado que continúan negociando con PSN, EH Bildu y Geroa Bai un documento conjunto de recomendaciones destinado a reforzar los controles y evitar que las irregularidades detectadas puedan repetirse.
El portavoz ha defendido finalmente que las instituciones deben ofrecer respuestas ante la desconfianza ciudadana hacia la política.
Los grupos políticos PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin trabajan contrarreloj para poder presentar un documento conjunto de «recomendaciones» que iría dentro del dictamen de la Comisión, ya que no han logrado un acuerdo para presentar conclusiones conjuntas. «Hay visiones compartidas y algunas discrepantes», ha dicho.
