Pamplona (EFE).- Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha denunciado la inacción del Gobierno de Navarra tras conocer la resolución de la Oficina Anticorrupción de Navarra que consideró «represalia» el traslado de la ubicación al funcionario que denunció ilegalidades en Belate, de forma que es la propia OANA la que ha abierto expediente sancionador a quienes lo decidieron.
Lo ha asegurado el parlamentario Juan Luis Sánchez de Muniáin, quien en rueda de prensa ha hecho público que, pese al silencio del Gobierno foral tras conocerlo hace más de una semana, la OANA ha incoado expediente sancionador al ex director general de Obras Públicas, Pedro López Vera, y al jefe de servicio de Conservación, por represaliar al secretario de la mesa de Belate que denunció ilegalidades en la adjudicación de las obras de los túneles.
Este fue en su día apartado de su despacho habitual y trasladado a una nave en Landaben, una decisión que UPN asegura que sus superiores tomaron tras su actuación en la mesa de adjudicación aunque en su día el consejero lo desvinculó asegurando que se desconocía que el afectado fuera el denunciante de esas irregularidades. En su momento la OANA instó a su restitución al despacho, cosa que se hizo, pero no se tomaron más medidas.
UPN denuncia dejación de funciones
Ahora, la OANA abre expediente para los dos responsables de la decisión por su actuación contraria a la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, y califica estos hechos como falta muy grave y prevé una sanción entre 30.000 y 300.000 euros.
Sánchez de Muniáin ha criticado la “dejación de funciones del gobierno de Chivite, en especial del Departamento del consejero Oscar Chivite, por no incoar como debían el correspondiente procedimiento sancionador una vez comunicada la resolución de la OANA de junio de 2025 por la que se calificaba de represalia e infracción muy grave las medidas adoptadas contra el letrado denunciante de las ilegalidades en la mesa de Belate”.
“Ha tenido que ser la OANA quien, en uso de sus atribuciones, iniciase el procedimiento que debió incoar en primer lugar, el consejero Chivite, como responsable directo de los responsables de la infracción”, ha agregado.
Discusiones y contradicciones en Belate
El parlamentario de UPN se ha referido al “descaro increíble” del consejero al afirmar, como recoge la resolución de la OANA, que no conocía que el funcionario trasladado a un almacén era el denunciante “cuando públicamente descalificó su actuación y lo llegó a tildar de chismoso”.
Y “más al descubierto queda cuando el traslado se produjo tras diversas discusiones entre su director general y el jefe de servicio a sabiendas de quién iba a ser represaliado”.
“Discusiones y contradicciones entre ambos respecto al motivo del traslado del secretario de la mesa de Belate que se han puesto de manifiesto tanto en la investigación llevada a cabo en el Senado como en el desarrollo de la propia comisión de investigación del Parlamento de Navarra y que se recogen en la resolución de la OANA”, ha añadido.
La OANA investiga dos promociones de viviendas
Para el parlamentario regionalista, “tanto los representantes del Gobierno como sus socios han acreditado que son partidarios de castigar a quien denuncia actos de corrupción y no sancionar a quien represalia a los denunciantes”.
Además, Sánchez de Muniáin ha dado a conocer que la oficina ha abierto dos procedimientos de investigación por las dos promociones de viviendas adjudicadas por Nasuvinsa a la UTE formada por Servinabar y Acciona por detectar indicios de posible conflicto de interés e incumplimiento de la ley de contratos.
“El inicio de estos dos procedimientos es conocido en Nasuvinsa desde el 9 de junio sin que el gobierno haya comunicado tales hechos”, ha advertido el parlamentario de UPN.
Y ha concluido que “Chivite y sus socios se quedan solos al declarar que en Belate y en las obras adjudicadas a la empresa, según la UCO, de Cerdán, no ha habido actos de presunta corrupción”.
