Pamplona (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha dictado tres sentencias en las que se estiman parcialmente las reclamaciones de responsabilidad patrimonial planteadas por el Hotel Palacio de Arozteguia S.L., la Junta de Compensación y Palacio de Arozteguia S.L., a las que se reconoce una indemnización por responsabilidad patrimonial de 18 millones de euros.
Estas tres entidades consideran que las obras para impulsar un proyecto hotelero en la localidad baztanesa de Lekaroz se frustraron porque la Policía Foral no las protegió debidamente del movimiento de oposición que generó esta iniciativa.
El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez, ha señalado en conferencia de prensa tras la sesión de gobierno que el Ejecutivo foral recurrirá las tres sentencias ante el Tribunal Supremo.
Las tres reclamaciones alcanzaban un importe de 26.244.496 euros. En las sentencias emitidas, el TSJN reconoce un derecho al cobro por indemnización por responsabilidad patrimonial del 75%, es decir, alrededor de 18 millones de euros.
Se reconoce una participación en la culpa de las reclamantes al no haber adoptado medidas para evitar los sabotajes, por lo que la indemnización se minora en un 25%.
Un voto discrepante
Remírez ha resaltado que, “por primera vez en años, existe un voto particular” en la sentencia del TSJN en el que se sostiene que las reclamaciones deben de ser desestimadas.
“Este voto particular hace especial mención al tema de que las obras se ejecutaron por la promotora del proyecto conociendo que eran ilegales dado que la adjudicación había sido declarada nula de pleno derecho tanto en vía administrativa como en vía judicial, por haberse vulnerado los principios de transparencia e igualdad de trato”, ha indicado Remírez.
Según ha comentado, la magistrada discrepante finaliza su voto particular señalando que la jurisprudencia exige para apreciar el daño efectivo generador de responsabilidad patrimonial que este sea real y no meramente hipotético.
Y aquí, ha dicho, «no se acredita la imposibilidad de continuar con el proyecto, que objetivamente pervive a día de hoy, por lo que, no acreditado el daño, no se puede apreciar la responsabilidad patrimonial reclamada”.
El Gobierno «no comparte» la sentencia
El vicepresidente ha apuntado que el Gobierno de Navarra “respeta, pero no comparte, el fallo no unánime” de las sentencias y comparte “totalmente” el criterio manifestado en el voto particular.
“Si, como señala la Audiencia Nacional, las labores de vigilancia y actuación de la Guardia Civil fueron correctas, los daños no se pueden achacar a falta de vigilancia”, ha considerado.
El vicepresidente ha enfatizado que en las sentencias “se reconoce una indemnización por unas obras realizadas ilegalmente, nulas de pleno derecho”. Además, como se señala en el voto particular, Remírez ha recordado que “la realidad, a día de hoy, es que el proyecto se puede retomar cuando se quiera porque las licencias siguen vigentes”.
