Pamplona (EFE).- Las obras de duplicación de los túneles de Belate se encuentran a la espera de que el Gobierno foral dé con la vía legal adecuada para poder abonar los sobrecostes de 8,5 millones de euros generados después de que la Asesoría Jurídica del Ejecutivo rechace hacerlo por la fórmula de «enriquecimiento injusto».
El vicepresidente primero del Gobierno, Javier Remírez, y el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, han explicado en rueda de prensa que esta misma semana han conocido el informe de sus servicios jurídicos que rechaza esta manera de proceder y que, con respecto al pago y el futuro de la obra, «todos los escenarios siguen abiertos».
Sobrecoste de 8,5 millones de euros
La situación tiene su origen en una modificación del contrato por un importe de alrededor de 8,5 millones de euros planteada para dar cobertura a determinados trabajos que se consideraron necesarios durante la ejecución de las obras.
Esa modificación no llegó a prosperar después de que en noviembre de 2025 la Intervención General formulara un reparo suspensivo al considerar que no estaban acreditados los requisitos legales necesarios. El Gobierno acató ese reparo, una situación tras la que se produjo además el relevo del entonces director general de Obras Públicas, Pedro López.
Desde entonces, el Ejecutivo ha estudiado diferentes alternativas para resolver la situación de los trabajos ya ejecutados, entre ellas la figura del enriquecimiento injusto, que permite en determinados supuestos abonar una prestación u obra de la que se ha beneficiado la Administración aunque carezca de cobertura contractual suficiente.
Antes de tomar una decisión, el Gobierno solicitó un informe a la Asesoría Jurídica de Navarra para reforzar las garantías de una operación de esta cuantía. El documento, recibido este lunes, concluye que la vía del enriquecimiento injusto no resulta jurídicamente procedente en este caso.
Búsqueda de cobertura jurídica y contractual
Remírez ha asegurado que el Ejecutivo acata ese criterio y que «no va a comprometer» unos 8,5 millones de euros mediante una fórmula que sus servicios jurídicos consideran que no tiene la cobertura necesaria.
Eso, ha precisado, no significa que el Gobierno niegue los posibles derechos económicos de las partes por los trabajos realizados, sino que deberá determinar qué cobertura jurídica y contractual puede aplicarse para atender aquellos importes que legalmente correspondan.
Chivite ha señalado que Obras Públicas ya ha comunicado a la UTE adjudicataria que queda descartada esta vía de abono y ha asegurado que existe disposición de las partes para sentarse y buscar una solución.
Sobre los plazos para terminar la obra, Chivite ha señalado que el plazo marcado con Europa es 2030 y que, en caso de retrasarse por culpa del abono de sobrecostes, «existe margen».
La obra no avanza
El consejero ha explicado que en estos momentos la actividad de la obra es prácticamente inexistente, coincidiendo la recepción del informe jurídico con un cambio de fase en los trabajos. Tras finalizar determinadas labores desarrolladas desde finales de junio, se estaba preparando la siguiente fase de ejecución.
El Ejecutivo deberá analizar ahora las consecuencias técnicas y contractuales de la nueva situación y las posibilidades que ofrece la legislación de contratos, por lo que Chivite ha indicado que «ningún escenario está descartado».
Remírez ha insistido en que la prioridad es encontrar una solución que permita reanudar la actividad «en el mínimo plazo de tiempo posible», pero siempre con la cobertura jurídica necesaria.
Pagados ya 38 millones a la UTE
El Gobierno ha señalado asimismo que la situación no pone inicialmente en peligro la financiación estatal destinada al conjunto de las actuaciones, ya que esos fondos no están vinculados exclusivamente a estos trabajos. Según Chivite, se han abonado ya unos 38 millones de euros a la UTE por trabajos ejecutados.
Remírez y Chivite han solicitado además comparecer conjuntamente en el Parlamento de Navarra para explicar los antecedentes del expediente, el reparo de la Intervención, las decisiones adoptadas posteriormente, el intento de recurrir al enriquecimiento injusto, el informe de los servicios jurídicos y las alternativas que se estudien para continuar la obra.
«No vamos a pagar aquello que no tenga cobertura jurídica, pero al mismo tiempo no vamos a dejar de trabajar para que Belate continúe y se termine», ha resumido Remírez.
