Pamplona (EFE).- La presidenta de Navarra, María Chivite, comparecerá este miércoles en el Parlamento foral para explicar la situación de las obras de duplicación de los túneles de Belate.
La Mesa del Parlamento ha fijado para este miércoles la comparecencia que varios grupos habían solicitado con carácter urgente. Además, este lunes, el Gobierno se reúne con sus socios para analizar la situación del túnel. Con EH Bildu ya se reunió el Gobierno la pasada semana.
Las obras se encuentran sin actividad en el túnel debido a que el Gobierno sigue sin encontrar la fórmula legal adecuado para pagar a la UTE entre Acciona y Osés Construcción un sobrecoste de 8,5 millones, después de que la Asesoría Jurídica del Ejecutivo rechace hacerlo por la fórmula de «enriquecimiento injusto».
La pasada semana el Gobierno tuvo conocimiento del informe de sus servicios jurídicos que rechaza esta manera de proceder y que, con respecto al pago y el futuro de la obra, «todos los escenarios siguen abiertos».
La situación tiene su origen en una modificación del contrato por un importe de alrededor de 8,5 millones de euros planteada para dar cobertura a determinados trabajos que se consideraron necesarios durante la ejecución de las obras.
Esa modificación no llegó a prosperar después de que en noviembre de 2025 la Intervención General formulara un reparo suspensivo al considerar que no estaban acreditados los requisitos legales necesarios. El Gobierno acató ese reparo, una situación tras la que se produjo además el relevo del entonces director general de Obras Públicas, Pedro López.
Comunicación en julio
El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha señalado este lunes tras la Junta de Portavoces, que el departamento les comunicó en julio que se pretendía hacer por la vía de enriquecimiento injusto, ante lo que exigieron un informe legal que avalara la vía.
El portavoz de EH Bildu, Mikel Zabaleta, ha confirmado que también tuvieron conocimiento en julio. «No se pueden comprometer las obras y no se puede pagar ni un euro público que no esté avalado. A partir de ahí le corresponde al Gobierno encontrar la vía adecuada y, si correspondiese, dirimir las responsabilidades oportunas», ha dicho.
La representante del PSN, Ainhoa Unzu, ha dicho que la prioridad es la continuidad de la obra y en una fórmula que garantice la legalidad de los pagos: «No se ha abonado ni un euro que no esté avalado por los servicios jurídicos».
Javier Esparza, por parte de UPN, ha dicho que la sensación de grupo es que se trata de «una estrategia empresarial para cobrar más» y que el Gobierno «ha participado de la misma».
