Pamplona (EFE).- El Gobierno de Navarra trabaja con el objetivo de que las obras de duplicación del túnel de Belate estén de nuevo en marcha en el plazo de un año, después de que la UTE adjudicataria haya comunicado que no se opone a la resolución del contrato actual, paso previo para poder abordar una nueva licitación.
El vicepresidente primero, Javier Remírez, y el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, han comparecido este martes a petición propia en el Parlamento de Navarra para informar de los avances producidos desde su última comparecencia, cuando anunciaron que volverían a licitar las obras.
«Trabajamos con un horizonte temporal conciso. En un año, las obras deben estar en marcha», ha dicho Chivite.
Remírez ha explicado que el 17 de septiembre la directora general de Obras Públicas dejó sin efecto la aprobación técnica del Proyecto Modificado 1 y puso fin a su tramitación tras los informes técnicos y jurídicos derivados del reparo suspensivo de la Intervención General.
En este procedimiento se ha producido en las últimas horas un nuevo avance, ya que la UTE comunicó este lunes «la no oposición del contratista a la resolución del contrato».
El expediente deberá ser ahora analizado, incorporar los informes correspondientes y someterse a la fiscalización de la Intervención General antes de que la directora general de Obras Públicas adopte la resolución definitiva.
Una vez extinguido el contrato habrá que proceder a su liquidación, ordenar el cierre de la obra y los desmontajes necesarios y levantar un acta que determine qué trabajos están ejecutados y cuáles quedan pendientes.
Mientras se tramita ese procedimiento, Cohesión Territorial trabaja en paralelo en la nueva licitación con la intención de reducir al máximo el periodo entre ambos contratos.
Un nuevo proyecto para terminar Belate
La Sección de Proyectos y Obras está preparando los pliegos y los informes para licitar conjuntamente la redacción del nuevo proyecto y la dirección de obra para finalizar la duplicación del túnel.
Para iniciar esa licitación será necesario que se haya resuelto el contrato actual, siempre que la UTE no solicite medidas cautelares, y disponer del proyecto final que refleje con precisión lo que ya se ha ejecutado, según ha expuesto Chivite. La dirección de obra dispone de un plazo máximo de dos meses para entregar este último documento.
El nuevo proyecto deberá dar continuidad a las soluciones ya aplicadas en el tramo construido y actualizar aspectos relacionados con las instalaciones, las galerías de evacuación y otras unidades.
En el año que el Gobierno se ha marcado de plazo, los consejeros han explicado que, quedan pendientes de certificar los trabajos correspondientes a julio, agosto y septiembre y se está preparando la certificación final, que incluirá las unidades realmente ejecutadas exclusivamente a precios del proyecto.
También se trabaja en las medidas necesarias para el cierre temporal de la infraestructura y en un protocolo de vigilancia y mantenimiento. Según la dirección de obra, el túnel se encuentra actualmente estable y las deformaciones detectadas anteriormente en la bóveda se han estabilizado.
Remírez ha insistido en que «no se va a abonar ninguna cantidad al margen de los procedimientos legalmente establecidos» y Chivite ha afirmado que «no se ha pagado ni un euro que no esté avalado por Intervención, ni se va a pagar».
El vicepresidente se ha dirigido además a los vecinos de las localidades afectadas por la situación de la N-121-A y los túneles de Belate y Almandoz, que han reclamado en los últimos días la reanudación de las obras.
«No les defraudaremos. Y les pedimos disculpas por estos retrasos e imprevistos», ha señalado Remírez, quien ha reiterado que el compromiso del Ejecutivo es completar el proyecto «respetando la legalidad, protegiendo los recursos públicos y garantizando que las obras puedan continuar lo antes posible».
Los grupos no se mueven del sitio
Los grupos han mantenido sus posiciones sobre Belate. UPN, PP y Vox han vuelto a cuestionar la gestión del Gobierno y a reclamar explicaciones y responsabilidades, mientras PSN ha defendido que el Ejecutivo siga trabajando para solucionar la situación.
EH Bildu y Contigo-Zurekin han considerado que la comparecencia apenas aporta novedades y han mostrado dudas sobre la gestión y los plazos, mientras que Geroa Bai ha reconocido decisiones «no adecuadas» y ha pedido separar la gestión administrativa de las investigaciones sobre posibles casos de corrupción.
