Bruselas (EFE).- La plataforma europea que representa a las asociaciones de pacientes con infertilidad, Fertility Europe, reclamó hoy un acceso equitativo a tratamientos de fecundación en toda la Unión Europea, medida que serviría para paliar el declive demográfico del bloque, que perderá 27 millones de habitantes para 2100.
“Garantizar la igualdad de acceso a tratamientos de fertilidad seguros y eficientes debe percibirse como una inversión a largo plazo”, señaló el director ejecutivo del Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF), Neil Datta.
EPF y Fertility Europe presentaron este martes en las instalaciones del Parlamento Europeo un documento que analiza un problema que afecta a una de cada seis parejas en Europa, y que acarrea consecuencias médicas, demográficas y económicas.
“Eliminar las barreras tanto financieras como legales para acceder a estos tratamientos afectaría positivamente la demografía del país y la economía en general”, razona Datta.
La UE tiene una tasa de fecundidad de 1,5 hijos por mujer, según datos de Eurostat de 2021, frente al ratio de 2,1 que se considera la tasa de reemplazo.
Las proyecciones arrojan que la población de la Unión Europea descenderá en 27,3 millones de personas entre 2022 y 2100, una caída del 6 % respecto a los 450 millones de habitantes en la actualidad.
El “libro blanco”, titulado “El imperativo del acceso equitativo a los tratamientos de fertilidad en Europa”, incide en que la disminución de la población generará una pirámide invertida que duplicará la tasa de dependencia de mayores en jóvenes, que pasará del 33 % en 2022 al 57,1 % en 2100.
“Tendrá un gran impacto en la sociedad, la economía, los ingresos fiscales y la mano de obra disponible”, agrega el análisis, que propone “ayudar financieramente a las personas con infertilidad en sus esfuerzos por convertirse en progenitores” y considerarlo como una inversión.
Salud mental
El informe se adentra también en otras formas en que la falta de hijos involuntaria impacta negativamente a quienes se ven directamente afectados y al conjunto de la sociedad.
“Puede ser una fuente significativa de estrés y angustia emocional para los afectados y puede tener un impacto perjudicial en sus relaciones, salud mental y el bienestar general”, indica.
En más del 80 % de los casos, los afectados experimentan reacciones adversas como “conmoción, tristeza, ira y frustración, pérdida de autoestima y confianza en sí mismo y una pérdida general del sentido de control”, indican.
Algunos de los afectados sufren problemas que pueden desembocar en “ansiedad, depresión o incluso pensamientos e intentos de suicidio” o a abandonar el mercado laboral.
Acceso de los ciudadanos a los tratamientos de fertilidad
El informe incluye un “atlas” que clasifica a 43 países del continente y Estados cercanos según el acceso de los ciudadanos a los tratamientos de fertilidad, una lista que sitúa en primer lugar a Bélgica, seguida de Israel y Países Bajos, y en última posición a Albania, precedida de Armenia y Polonia.
España aparece en el puesto 25, en el segundo bloque de países, justo por detrás de Irlanda, Dinamarca y Grecia y por delante de Malta, Serbia y Eslovenia.
El documento enumera los distintos tipos de tratamientos existentes, como la inseminación intrauterina, la fecundación in vitro y su especialidad de diagnóstico genético preimplantacional, la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, la donación de gametos o embriones y la gestación subrogada.
De este último método, más controvertido, el informe dice que es “uno de los tratamientos menos disponibles y peor regulados en Europa”, donde “sólo un puñado de países” ofrecen esa opción y de forma “principalmente comercial”.
Esos Estados se han convertido “en el último recurso por el que optan los futuros padres a pesar de encontrar reservas éticas o arriesgarse a barreras legales para traer a sus bebés de regreso a sus países de origen u obtener la ciudadanía para ellos”, apunta el documento.
Recomendaciones
Respecto a la gestación subrogada en particular, los autores reclaman “regulaciones exhaustivas para proteger a las madres de alquiler, los futuros padres y los niños nacidos mediante gestación subrogada de una posible explotación o coerción, así como para garantizar sus derechos”.
Y con una perspectiva general, los redactores del documento recomiendan que se garantice el acceso legal a los tratamientos de fertilidad sin ninguna discriminación, obligar a todos los centros médicos a ofrecerlos y que se financien con “fondos suficientes” para que los afectados tengan “una posibilidad razonable de tener hijos”.
Aboga también por ofrecer apoyo psicológico “antes, durante y después” del tratamiento, mejorar los marcos legales para que los niños concebidos por donantes puedan obtener información sobre sus orígenes genéticos, incluir la fertilidad como parte de la educación sexual en las escuelas de secundaria, entre otros.
