Violeta Molina Gallardo |
Madrid (EFE).- La investigadora española Cristina Fabré lidera el equipo que analiza las violencias contra las mujeres en toda la Unión Europea. Figura clave del Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE), su objetivo es recopilar datos que permitan conocer la magnitud de estas violencias para diseñar políticas eficaces para erradicarlas.
Si lo que no se nombra no existe, para la clase política y las instituciones tampoco existe lo que no se cuantifica. De ahí la importancia de disponer de datos sobre el machismo criminal. A esto se dedica Fabré junto a su equipo en Lituania, sede del EIGE. EFE ha hablado con ella con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Un problema heterogéneo
La tarea de Fabré es “muy costosa” por cuanto no hay unanimidad en los Estados miembros en el abordaje y posicionamiento frente a este problema.
Hay países que han penalizado la violencia de género como un delito (España y Suecia), otros que se han limitado a categorizarla como violencia doméstica sin reconocer su dimensión de género y algunos que ni siquiera tienen leyes de violencia doméstica. El negacionismo y la reacción a los avances feministas en ciertos países también dificultan esta recolección de datos.
“Fue para nosotras chocante ver que había tan pocos países que pudieran recoger datos sobre violencia contra las mujeres en la pareja. (…) La mayoría de los países nos entregaban datos sobre violencia doméstica sin desagregar por el sexo de la víctima y del agresor ni la relación de parentesco”, subraya.
Y recopilarlos ayuda a reconocer el problema. “Cuando muchos de los países hablan de violencia doméstica, no reconocen que la magnitud está en la violencia en la pareja, que se asienta en el desigual poder y el control”, señala Fabré.
Finlandia, Dinamarca y Eslovaquia son los países en los que la prevalencia de la violencia machista en la pareja es mayor, mientras España es de los estados con menor incidencia.
“Las políticas tienen que adecuarse a las características del crimen. Si no conoces la extensión del crimen, ni las causas y el impacto de ese crimen, difícilmente vas a poder establecer unas políticas que sean efectivas”, añade.
Pone como ejemplo el homicidio. Las medidas de prevención del homicidio tuvieron impacto en su reducción, pero los datos demuestran que no disminuyeron los feminicidios, que se han mantenido estables o han crecido en la UE.
Avances a pesar del negacionismo
En 2013, Fabré aterrizó en el EIGE en comisión de servicios desde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, donde trabajó durante más de 15 años, con el objetivo de investigar la dimensión europea de la violencia contra las mujeres.
En este tiempo, aunque no ha habido grandes avances legislativos hacia la introducción del maltrato en la pareja de forma específica en los distintos códigos penales, ha percibido un esfuerzo por parte de mucho países para recoger estadísticas de las distintas formas de violencia machista.
Además, Bélgica, Chipre y Malta han introducido o trabajan para introducir el feminicidio como tipo penal en sus leyes y otros han incluido como agravantes en sus códigos penales el parentesco o el género.
No en todos los países se percibe el mismo impulso. En Croacia, por citar uno, la mayoría de agresiones contra las mujeres son consideradas faltas, ni siquiera delitos. Estos desequilibrios inciden en las estadísticas y en la impunidad de las conductas.
A la espera de la primera directiva europea
Los estados que integran la UE esperan la primera directiva que abordará de forma específica la violencia contra las mujeres. El texto está en la fase final de la negociación y supondría, a juicio de Fabré, un antes y un después porque obligará a todos los países a legislar sobre violación (entendida como agresión sexual sin consentimiento) y ciberviolencia y blindará por ley la recogida de datos del EIGE, dejando atrás las “trabas” actuales.
Actualmente, las investigadoras del Instituto se topan con resistencias políticas, más en los últimos tiempos por el auge del negacionismo. Algunos países son reacios a compartir sus datos, en otros donde las políticas estatales son contrarias a reconocer el maltrato machista, los técnicos proveedores de estadísticas al menos cooperan con el EIGE.
Fabré reconoce que el Instituto ha tenido que dar un paso atrás en la terminología que utiliza (en lugar de hablar de violencia de género, emplear “violencia contra las mujeres”) para complacer a todos los países y así acceder los datos, tan necesarios.
“Antes podíamos hablar perfectamente sobre violencia de género y ahora supone entrar en un laberinto, nos preguntan por qué excluimos a los hombres. Nosotras no negamos la violencia contra los hombres, pero dados los pocos recursos y las dificultades para recoger los datos, nos centramos en los crímenes más prevalentes. Es recurrente que desacrediten nuestros informes por no incluir a los hombres”, lamenta.
Nuevo Ejecutivo en España
Ante la inminencia de un nuevo Gobierno en España, país que define como “un gran ejemplo” en la lucha contra las violencias machistas, la experta sugiere que se trabaje en materia de violencia digital y económica, que se proteja a los menores de la violencia vicaria y a las “madres protectoras” y que se aborde, por fin, la violencia institucional.
“Me da igual el nombre de la ministra, pero que mantengan el Ministerio de Igualdad y se le asigne presupuesto y personal”, asevera.
