Vitoria (EFE).- La negociación presupuestaria entre el Gobierno Vasco y los partidos de la oposición, salvo Vox, arranca este miércoles con predisposición a escuchar y llamadas al diálogo de todas las partes, pero con posturas alejadas y recelos de los partidos por la mayoría absoluta del Ejecutivo formado por PNV y PSE.
El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, que ya ha advertido de que no habrá cambios estructurales en los presupuestos de 2023, se reunirá en primer lugar con EH Bildu. El principal grupo de la oposición y actual socio presupuestario del Gobierno hace un “balance agridulce” del acuerdo sobre las cuentas alcanzado el año pasado.
La coalición abertzale admite que las medidas económicas pactadas entonces “se han cumplido en general”, pero no así los “compromisos políticos” orientados por ejemplo a mejorar el salario mínimo y topar los precios del alquiler.
Acuerdo de mínimos
A pesar de ello EH Bildu acudirá con propuestas “razonadas, razonables y factibles” y “pensadas para llegar a acuerdos de mínimos” en torno a unos presupuestos “continuistas y conservadoras” que “no valen para afrontar los retos de país”, han explicado las parlamentarias Maddalen Iriarte y Nerea Kortajerana.
Aunque han mostrado cierta desconfianza hacia la verdadera disposición a pactar de Azpiazu, mañana le trasladarán medidas concretas para atajar el deterioro de los servicios públicos (especialmente de Osakidetza), la carestía de la vivienda y el consecuente retraso de la emancipación, la crisis energética, la situación del sector primario y la pérdida de arraigo de empresas estratégicas.
EH Bildu también pondrá la fiscalidad encima de la mesa, una cuestión que al parecer resulta “más difícil” de abordar en Euskadi ya que en Navarra “se ha abierto el debate” y la coalición ha llegado a un acuerdo con el Gobierno foral, mientras aquí sigue vigente “el modelo fiscal pactado con el PP”.
También Elkarrekin Podemos-IU defenderá en su reunión con el consejero la necesidad de una reforma fiscal, aunque su exigencia principal para favorecer la aprobación de los presupuestos será que estos incluyan medidas concretas para “la materialización” del pacto educativo.
La portavoz de la coalición morada, Miren Gorrotxategi, ha recordado que ese pacto establece que en todas las zonas de escolarización debe haber una oferta pública suficiente, pero en municipios como Usurbil, Lazkao, Ibarra, Loiu y Lapuebla no hay centros públicos.
Publificación de colegios privados
Hacen falta por tanto “mecanismos concretos (en los presupuestos) que también han sido previstos en el pacto educativo, como la publificación de centros”. “No nos bajaremos del pacto educatico pero exigimos que se cumpla y si el Gobierno no lo cumple no apoyaremos la ley (que emanará del mismo)”, ha advertido.
A pesar de sus dudas sobre el desarrollo del citado pacto y de su actitud “exigente” en esta negociación, Elkarrekin Podemos-IU no tiene “líneas rojas” y sí “voluntad de llegar a acuerdos”, por lo que presentará propuestas en materia de salud, vivienda y crisis energética.
También el PP irá a la reunión “con la mejor de las intenciones” aunque cree que el Gobierno se limitará a explicar las cuentas y opina que los “incentivos” para introducir propuestas de la oposición son “reducidos” dada su mayoría absoluta en el Parlamento.
“Existe un riesgo, y no digo que lo sea, de que esta llamada a la oposición se convierta más en un acto de comunicación pública o política que en un acto sincero” por parte del Ejecutivo, ha deslizado el parlamentario Luis Gordillo.
Aprovechar partidas no ejecutadas
Los populares defenderán en todo caso ante Azpiazu “una serie de planteamientos” como “repasar” los presupuestos vigentes para detectar partidas no ejecutadas y destinarlas a “otros capítulos de gasto más importantes”, de manera que se aproveche el actual remanente de 1.200 millones de euros.
Plantearán asimismo que los presupuestos “cumplan” con los servicios sociales y reserven dinero para inversiones “necesarias” -que Gordillo no ha precisado-, y al mismo tiempo sean “ajustados a la capacidad de gasto del Gobierno”.
Al igual que EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, el PP también quiere hablar de fiscalidad, aunque con un planteamiento opuesto, ya que aboga por rebajar los impuestos a familias y empresas para que ese dinero pueda usarse “para reactivar actividad económica”.
La fiscalidad, fuera de la negociación
Las distintas reivindicaciones fiscales de la oposición no serán sin embargo incluidas en la negociación de los presupuestos para 2023, según ha advertido el portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria, ya que las conversaciones se ceñirán al ámbito presupuestario y competencial del Ejecutivo y la fiscalidad -ha recordado- depende de las diputaciones.
En todo caso el portavoz ha dicho que los encuentros con la oposición abren la oportunidad para dialogar y negociar y que el Gobierno tiene una voluntad clara de alcanzar acuerdos.
