Vitoria (EFE).- Ha sido aprobada en el Parlamento Vasco la ley del Sistema e Garantía de Ingresos y para la Inclusión, que eleva las cuantías de la RGI y rebaja la edad de acceso. Los votos de de PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU y la abstención crítica de EH Bildu han permitido su aprobación.
PP+Cs y Vox, como ya habían anunciado, han rechazado la reforma de la RGI. Su aprobación llega tras varios intentos fallidos en anteriores legislaturas en las que llegó a la Cámara en forma de proposición de ley suscrita por los dos grupos que integran el Gobierno autonómico.
En este camino tampoco prosperaron los intentos a través de Iniciativas Legislativas Populares, impulsadas en unos casos por colectivos sociales para mejorar las condiciones de acceso y las cuantías de la RGI, y otro por el que fuera alcalde de Vitoria, el popular Javier Maroto, con un signo totalmente contrario porque pretendía endurecerlas.
Compromiso por la cohesión social
La normativa aprobada actualiza la ley que está en vigor en Euskadi desde hace 14 años y es fruto de un pacto entre PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU, grupos que finalmente lograron la abstención crítica de EH Bildu. Esta coalición ha introducido 9 enmiendas y su parlamentaria Nerea Kortajarena ha explicado que “se ha perdido una oportunidad para proteger más y mejor”.
Durante la defensa de la ley, la consejera de Trabajo y Empleo y vIcelehendakari segunda, Idoia Mendia, ha recordado el “largo” proceso para lograr su aprobación, que parte de “debates enconados” en anteriores legislaturas.
“La Cámara ha zanjado estos debates con un compromiso por un modelo que profundice en la cohesión social”, ha asegurado la consejera, quien ha insistido en que la ley “mejora todas y cada una de las situaciones vulnerables por las que pase un miembro de la sociedad vasca”.
Mendia: “Una ley de todos”
Ha defendido que “es una ley de todos, incluso de quienes no la han querido respaldar hoy” porque es “osada y atrevida” y “la más avanzada del entorno” al ofrecer “todas las herramientas para que quien pase por un bache pueda reengancharse a la vida social y laboral”.
Desde el PNV, Jon Aiartza ha defendido que la ley es “muy participativa y muy necesaria” y responde a la necesidad de “reforzar” el sistema vasco de protección tras las sucesivas crisis económicas. Ha considerado además que el texto es “fuerte, eficaz y coherente”. “Teníamos el listón muy alto, pero el Parlamento lo ha logrado”, ha opinado.
En la misma línea, la socialista Gloria Sánchez ve la ley como un “gran avance” en políticas sociales fruto del consenso, por lo que ha considerado que en el pleno de hoy “se va a hacer historia”. “Es una muy buena ley”, ha afirmado.
Una oportunidad perdida para PP+Cs
Por parte de la oposición, la representante de EH Bildu Nerea Kortajarena ha afirmado que “la ley no es suficiente para hacer frente” a las necesidades actuales y ha asegurado que con esta norma las instituciones vascas “protegen por debajo de sus posibilidades”.
David Soto (Elkarrekin Podemos-IU) ha defendido el acuerdo logrado por su grupo “por oportunidad, responsabilidad y trabajo” y porque el texto “es un avance fundamental” y “aporta un mensaje de que estas herramientas de inclusión social no son un problema, no cronifican y el fraude es muy minoritario”.
En opinión de la representante de PP+Cs Laura Garrido, la reforma “llega tarde” y consigna “un sistema desincentivador del empleo. “No es un paso adelante porque aleja el sistema de la empleabilidad”, ha criticado.
Por su parte, Amaia Martínez (Vox) ha opinado que la norma “no pone freno al fraude” y “no contribuye a la erradicación de la pobreza”.
Mejora de las cuantías
La nueva ley del incluye una mejora de las cuantías en todos sus tramos. Así, para una única persona la prestación pasará de 727,41 euros a 800,13 y en el caso de familias numerosas con menores subirá de 1.086,15 a 1.680,27 euros.
La actualización de las cuantías se hará en dos fases, la primera será efectiva el 1 de enero de 2023. En ella se aplicará una subida del 8,5 %. La segunda recogerá todas las medidas incluidas en la reforma y se prevé que se haga efectiva en abril, una vez que entre en vigor la norma tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.
Para un único beneficiario la prestación pasará de 727,41 euros a 798,24 el 1 de enero hasta alcanzar los 800,13 euros en abril.
En el caso de dos adultos se parte de 934,05 euros que serán 1.066,84 en abril tras subir a los 1.013,44 en el primer mes de 2023.
La cuantía se va incrementando en función de los miembros de la unidad familiar. Si hay menores puede crecer hasta un 50 % con respecto a la actual en familias numerosas. Así, una familia formada por un adulto y cuatro menores pasaría de percibir 1.086,15 euros a cobrar 1.680,27 euros.
En el caso de los pensionistas la prestación crecerá hasta un 27 % en algunas situaciones. Cuando el beneficiario sea un único pensionista la RGI llegará hasta los 1.013,5 euros en abril partiendo de los 834,59 actuales, mientras que con unidades de tres perceptores de pensiones la cuantía pasará de 1.126,7 euros a 1.440.23 euros.
La norma elimina el límite de prestaciones reconocidas por domicilio e incorpora un coeficiente corrector cuando hay más de una unidad de convivencia por casa.
