San Sebastián (EFE).- La abogada del niño que espera examen forense alerta del riesgo de infecciones
Beatriz Rodríguez Aparicio, abogada del niño que está a la espera de un examen forense desde que el 9 de enero denunció haber sido agredido sexualmente por un familiar en San Sebastián, ha insistido en la necesidad de esta prueba. No sólo para localizar lesiones y vestigios biológicos, sino también por la posible transmisión de alguna enfermedad sexual.
Libertad provisional
“Cuando yo acudí -a la Comisaría- lo primero que interesé es que un forense viera al menor para verificar un posible forzamiento y la existencia de posibles vestigios biológicos, además de posibles infecciones de transmisión sexual (ITS)”, recuerda la abogada en una entrevista concedida a EFE.
Según la denuncia policial, los hechos se habrían repetido en distintas ocasiones a lo largo de los dos últimos años. En ellos el investigado habría aprovechado los momentos en los que se quedaba con el menor, de nueve años, mientras su madre se iba a trabajar, para supuestamente agredirlo sexualmente.
El último de estos episodios habría tenido lugar la pasada Nochebuena aunque el niño no relató los hechos a su progenitora hasta el 8 de enero, porque el supuesto agresor le habría amenazado con romperle la videoconsola si revelaba lo sucedido.
No obstante, el auto en el que la jueza de instrucción decretó el pasado 10 de enero las medidas cautelares bajo las que el hombre permanece en libertad provisional, aclara que “el último acceso” al niño por parte del presunto agresor “debió ser el 29 de diciembre”. No obstante, según contó el menor a su madre, en aquel momento él se habría apartado del investigado.
“Algún tipo de infección”
El mismo 10 de enero, la instructora incoó también unas diligencias previas para investigar el asunto. Entre otras pruebas, ordenó tomar declaración al acusado y a la víctima. Además solicitó al equipo psicosocial de los juzgados “un informe de credibilidad y afectación psicológica” del menor, pero sin llegar a practicar una “prueba de exploración forense” como había demandado su abogada.
Desde entonces, la letrada, que actúa de oficio en este caso, reclamó en al menos cuatro ocasiones más la práctica de esta prueba forense que aún no se ha llevado a cabo. La instructora no la autorizó hasta el pasado 30 de enero, pero sin fijar una fecha concreta para ello.
En declaraciones a EFE, Beatriz Rodríguez Aparicio recuerda ahora que ella ya reclamó el examen desde el primer momento en el que acudió junto a la madre de la víctima a denunciar los hechos en dependencias de la Ertzaintza, donde le respondieron que ya se había “hablado con la juez” sobre esta posibilidad pero sin llegar a concretarse.
“Más adelante se acordaron una serie de medidas sin urgencia temporal y en cambio se omitió el reconocimiento por el forense de las partes íntimas del niño por si existiera forzamiento o algún tipo de infección”.
“Más adelante -ha precisado- se acordaron una serie de medidas sin urgencia temporal y en cambio se omitió el reconocimiento por el forense de las partes íntimas del niño por si existiera forzamiento o algún tipo de infección”.
Posible contagio
“Luego -ha relatado-, se presentaron diversos escritos interesando esa diligencia que aún no se ha tramitado, a pesar de que ya se ha acordado que el niño sea visto por un forense pero sin fijar el día”.
Todo ello, resume, teniendo en cuenta además que entre el 29 de diciembre, en el que el auto recoge que “pudo pasar el último incidente”, y la denuncia, que se interpuso la madrugada del 9 de enero, “no había transcurrido el plazo de quince días”. Es el periodo en el que el “protocolo” prevé que es posible que aún pueda haber “vestigios biológicos” del agresor en el cuerpo de la víctima.
Situación no habitual
En cualquier caso, la letrada insiste en que, aunque este plazo hubiera vencido para ese momento, la práctica de la prueba forense hubiera sido igual de necesaria porque “estamos hablando también de la posibilidad de un posible contagio de una ITS” a un niño.
Unas enfermedades que, como desvela, “desconocemos si existen porque no se ha practicado ningún análisis al menor y por lo tanto tampoco se le ha aplicado ningún tratamiento porque no ha sido visto ningún médico forense”.
Rodríguez Aparicio admite que por suerte toda esta situación “no es habitual” en el tratamiento a las víctimas, porque “el sentido común marca que se trata una diligencia primordial y urgente pues el tiempo juega en contra” de los perjudicados, a pesar de lo cual “en este caso” no se ha practicado.
