Vitoria (EFE).- Los cabecillas del “caso de Miguel” tienen 10 días para entrar en prisión. Ese es el plazo dado por la Audiencia Provincial de Álava a los cuatro principales condenados, entre ellos los exdirigentes del PNV Alfredo de Miguel y Koldo Otxandiano. Estos además han sido despedidos hoy mismo de sus trabajos en la Administración pública.
La Audiencia ha entregado hoy el auto de firmeza en el que comunica la absolución de doce procesados y las penas de los catorce condenados. Estos últimos han recibido además el auto de ejecución de sentencia. Es en este documento en el que se da a los cabecillas el citado plazo de diez para su ingreso en prisión.
Este trámite pone punto final a un caso que arrancó en 2009. Ese año la abogada Ainhoa Alberdi denunció en la Fiscalía de Álava al entonces diputado de Administración Local, Alfredo de Miguel, por pedirle una “mordida” para lograr un contrato.
Finalmente ayer, más de trece años después, la Audiencia notificó de forma oficial a las partes la sentencia del Supremo. En menos de 24 horas les ha entregado además el auto de firmeza y los autos de ejecución de sentencia.
Cuatro condenados ingresarán en prisión
De los 14 condenados por crear una red societaria y personal para obtener irregularmente contratos públicos de administraciones gobernadas por PNV y cobrar comisiones, deberán ingresar en prisión tres exdirigentes de este partido y un exdirector del Gobierno Vasco.
Se trata de Alfredo de Miguel, el que fuera número 2 del PNV en Álava y diputado foral; el exdirigente del PNV Alavés, Aitor Tellería; su compañero de partido Koldo Otxandiano, y el exdirector de Juventud del Gobierno Vasco Javier Sánchez Robles.
De Miguel tiene una condena de 12 años y 4 meses por los delitos como asociación ilícita, cohecho pasivo, prevaricación y malversación. Sin embargo el máximo de tiempo efectivo en prisión será de 9 años.
Tellería afronta una pena de 6 años y un mes de prisión, Otxandiano de 7 años y 6 meses, y Sánchez Robles de 7 años y un mes de cárcel.
Los acusados deberán además pagar indemnizaciones y multas. En el caso de Alfredo de Miguel superan el medio millón de euros.
Despidos de De Miguel y Otxandiano
La firmeza de la sentencia ha permitido además al Gobierno Vasco despedir hoy mismo a De Miguel y Otxandiano de sus puestos en la Fundación Hazi y el Parque Tecnológico de Álava, respectivamente, dos empresas públicas dependientes del Ejecutivo autonómico.
El Gobierno Vasco ha esperado al auto de firmeza para poder despedirlos con “total seguridad jurídica”, ha explicado la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, quien ha precisado que debido a las “circunstancias” del despido no recibirán ninguna indemnización.
Tapia ha precisado también que el hecho de que Otxandiano se encuentre de baja laboral no es un impedimento para que sea despedido.
De hecho su estado de salud abre la puerta a que solicite no ingresar en prisión. Precisamente ahora se abre un plazo para que las defensas de los principales condenados presenten alegaciones como podría ser una suspensión excepcional de la pena por enfermedad o incluso un indulto. Algunos de los letrados tienen intención de hacerlo, según han explicado a EFE fuentes jurídicas.
Tapia: “Un proceso excesivamente largo”
La consejera se ha felicitado por que se ponga fin a un “proceso excesivamente largo”, ya que arrancó en 2009 y que no tuvo una primera sentencia hasta diez años después, en 2019, cuando la Audiencia alavesa condenó a 15 personas y absolvió a otras 11.
Tras los recursos interpuestos por varios condenados el Tribunal Supremo ratificó el pasado enero con ligeras rebajas las condenas impuestas a los cabecillas y absolvió a un procesado más, Julián Sánchez Alegría.
Sin embargo, la ejecución del fallo se retrasó a raíz de que Iñaki San Juan pidiera una aclaración de sentencia al TS, que tras estudiar la petición rebajó su pena.
Finalmente ayer se notificó la sentencia y hoy se han entregado el auto que determina su firmeza y los autos de ejecución de la misma.
