Bilbao (EFE).- El pago por servicios ambientales se ha convertido en una experiencia de “éxito” en Costa Rica para la protección de la biodiversidad del país y ahora se analiza la viabilidad de una medida de estas características en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en el marco del programa europeo Life Urbaso.
Tras 20 años en Costa Rica y una década vinculado a este sistema de incentivos, el licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) Iván Pérez acaba de aterrizar en este proyecto para, de la mano del Centro Vasco de Investigación del Cambio Climático BC3, poner su experiencia al servicio del mismo.
Life Urbaso, donde trabajan de forma conjunta Neiker, la UPV/EHU, el BC3, el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia y la Agencia EFE, busca demostrar que con soluciones basadas en la naturaleza es posible reducir el tratamiento físico-químico en la potabilización del agua de consumo.
Para ello se propone un cambio en el uso del suelo sobre todo en las áreas más cercanas a las captaciones de agua.
Es ahí donde entra en juego el tipo de árboles, la forma de explotación forestal y la utilización de un sistema de pago por servicios ecosistémicos con el objetivo de que los propietarios colaboren en una gestión ambiental más sostenible con la sustitución por ejemplo de pinos y eucáliptos por especies autóctonas.
En una conversación con EFE, Pérez ha explicado el funcionamiento del pago por servicios ambientales en Costa Rica, un sistema compensatorio de carácter voluntario que desde su creación en 1997 ha permitido la protección de alrededor de un millón de hectáreas de bosque en ese país.
Una rica biodiversidad a proteger
“Costa Rica es un país que es perfectamente consciente de que su principal riqueza es su biodiversidad”, ha subrayado Pérez.
Sin embargo no siempre fue así; entre los años 50 y los 80 del pasado siglo el país sufrió unos niveles de “desforestación brutales”.
“Se necesitaba revertir esa tendencia” más allá de extender las áreas de parques nacionales y por ello se decidió la creación de un sistema de compensación de carácter voluntario para que los propietarios de bosques colaborasen en la conservación de estos espacios, ha añadido.
El objetivo en Costa Rica es que el propietario de un bosque se comprometa a no talarlo, a conservarlo, a cambio de una remuneración económica.
Así se desarrolló una ley forestal a finales de los 90 y dentro de ella se creó la figura del pago por servicios ambientales y un ente, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, creado “ad hoc” para su administración.
La financiación de estos incentivos es principalmente pública y proviene en mayor medida de un impuesto del Gobierno a la gasolina.
Perfiles de propietarios
En cuanto a los perfiles de propietarios que se suman a estas ayudas, López ha diferenciado tres.
Aquellos que tiene propiedades que combinan bosques con espacios para la explotación ganadera, principalmente, que les genera ingresos importantes, y para quienes sumarse al pago por servicios ambientales es un “extra”.
Luego están propietarios más pequeños, cuyo terreno es prácticamente bosque con una agricultura y ganadería de subsistencia, al que este sistema compensatorio le supone un dinero en metálico que le viene “muy bien”.
Y finalmente están los territorios indígenas, donde la propiedad es colectiva y a quienes el sistema por servicios ambientales es “clave” para su subsistencia.
Las trabas
El sistema también tiene trabas. Por una parte el monto que recibe un propietario (alrededor de 60 euros por hectárea por año) está por debajo de lo que podrían recibir si talara para venta, ya que en general se trata de maderas de alto valor, como la caoba.
Además la cantidad que se recibe es homogénea por hectárea, es decir, no hay diferencia si el propietario tiene un mayor o menor poder adquisitivo.
Por otro lado en muchos casos existe un inconveniente añadido: los propietarios no tienen derechos de propiedad sobre sus tierras.
“Llegaron allí, no había nadie, se hicieron con esa tierra pero no pueden demostrar que son los propietarios porque no tienen ningún documento”, ha descrito.
Sin embargo y a pesar de todo ello, la experiencia es “muy exitosa”, ha remarcado López.
“Teniendo en cuenta el estatus económico del país, este sistema es casi un milagro porque en términos generales funciona muy bien”, ha añadido.
Diferencia con Urdaibai
Ahora López tiene ante sí el reto de “construir” un sistema de pago por servicios ambientales en un contexto diferente. “En Costa Rica estamos hablando de bosques naturales y aquí se trata de plantaciones forestales”, ha precisado.
“Son dos sistemas completamente diferentes porque el objetivo último de una plantación forestal es una actividad económica”, ha añadido.
Ha explicado que su trabajo es calcular económicamente cuál debería ser el monto que deberían recibir los propietarios de la plantación forestal.
Para ello debe abordar un análisis coste-beneficio de la actividad forestal y conocer el punto de vista de los propietarios.
Ha reconocido que acaba de entrar en el proyecto y dar los primeros pasos con una reunión con el área de Montes de la Diputación de Bizkaia en la que hablaron sobre la situación del sector forestal, donde la rentabilidad está en “declive”, hay problemas de relevo generacional y una fragmentación de las propiedades.
Estas “dificultades” podrían ser “quizás” un “incentivo” para optar por un sistema de pago por servicios ambientales, ha dicho.
Finalmente ha mostrado su deseo de encontrar propietarios que no solo prioricen el rendimiento económico y muestren una preocupación ambiental. EFE
