Bilbao (EFE).- El Ministerio Fiscal ha retirado su petición inicial de prisión para la enfermera acusada de simular vacunaciones en el ambulatorio vizcaíno de Kabiezes (Santurtzi).
Ha planteado, por contra, siete años de tratamiento psiquiátrico e inhabilitación por el trastorno mental que presentaría en el momento de los hechos.
La sección primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha acogido la quinta y última sesión contra la enfermera de Osakidetza acusada de haber simulado la vacunación de 400 menores entre febrero de 2021 y septiembre de 2022.
El juicio ha quedado visto para sentencia.
La Fiscalía, que solicitaba inicialmente una pena de 7,5 años de prisión para la encausada, ha modificado su escrito de conclusiones, para pedir al tribunal su absolución por eximente completa.
Entiende que la acusada presentaba un «trastorno por ideas delirantes» que le causaban una anulación total de sus capacidades.
Ha reclamado, por contra, que la enfermera se someta a siete años de tratamiento psiquiátrico externo por los delitos de daños y falsedad, así como su inhabilitación por el mismo tiempo para el ejercicio de profesión sanitaria.
También le pide que indemnice a Osakidetza por 20.000 euros.
El Servicio Vasco de Salud, el Colegio de Enfermería y la defensa se han sumado a la petición del Ministerio Público.
La acusación que representa a las familias de los menores no vacunados ha mantenido su petición de prisión que, no obstante, ha rebajado a 7,5 años por los delitos de daños y falsedad.
Acusación
A juicio del abogado de las familias denunciantes, la actuación de la enfermera fue «planificada» y «plenamente consciente», dentro de una «persistencia criminal» que habría representado un «peligro para la salud pública».
«Jugó conscientemente a la ruleta rusa con la salud de los menores», ha asegurado.
Según ha considerado, el informe forense presentado por parte de la defensa -que señalaba que la acusada padece un trastorno delirante-, no supondría una eximente total que permitiera declarar su inimputabilidad penal al no ofrecer «certeza absoluta».
«La acusada mantuvo una fachada de profesionalidad. Una mente anulada no puede mantener un engaño tan sofisticado durante tanto tiempo.. alteración sí, anulación no», ha argumentado.
Ha defendido en su alegato que las «creencias» y «convenciones antivacunas» de la sanitaria no la eximen de «responsabilidad» por poner «en peligro la vida de los menores».
Por su parte, la defensa ha defendido la inimputabilidad de su patrocinada. Ha considerado además que se ha dado «mala fe» con la denuncia.
«Los informes forenses son claros y categóricos», ha argumentado, al tiempo que ha censurado que la acusación particular actúe de «forma abusiva» y haya «prolongando la exposición pública del caso». EFE
