San Sebastián, 23 abr (EFE).- La plataforma Stop Desahucios de Gipuzkoa ha alertado este jueves de la «emergencia habitacional» y el «tsunami» de lanzamientos que, a su juicio, va a producirse en las próximas fechas, tras la derogación el pasado febrero del decreto que prorrogaba la suspensión de los desahucios de familias vulnerables.
Stop Desahucios ha hecho esta advertencia durante una rueda de prensa que ha ofrecido en el Boulevard de San Sebastián y en la que ha comparecido su portavoz, Rosa García, junto a miembros de varias familias guipuzcoanas en riesgo de desahucio y varios representantes de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, entre otras organizaciones.
Stop desahucios
Durante el acto, en el que ha responsabilizado a PP, Vox y Junts de la situación creada por su posición contraria en el Congreso a la prórroga del ‘escudo social’, la plataforma ha difundido un comunicado en el que critica a los grandes tenedores de viviendas que ya han solicitado en los tribunales «la reanudación de las demandas de desahucio» hasta ahora suspendidas por el citado decreto.
Entre los afectados por esta coyuntura, ha citado los casos de un residente en San Sebastián y de una vecina de Irun, para los que ha exigido «una alternativa habitacional», que en el caso de esta mujer, madre de cinco hijos, debería pasar, a su entender, por «la firma con Kutxabank de un contrato de siete años con un alquiler social».
A este respecto, fuentes de Kutxabank han señalado que «una vez reanudado el procedimiento» de este asunto, «los juzgados siguen la tramitación habitual, que contempla de ser el caso, la solicitud de vulnerabilidad».
«En este caso, esta persona ya fue calificada como vulnerable, correspondiendo a los servicios sociales articular una alternativa habitacional», han subrayado las fuentes.
Escudo social
En otro momento de la rueda de prensa, Rosa García se ha referido asimismo a la situación de los inquilinos cuyos arrendadores son pequeños tenedores, entre los que ha nombrado un caso en Irun con fecha de lanzamiento para el próximo 10 de junio, y otro en Lasarte-Oria, quienes «tienen acreditada ante el juez su situación de vulnerabilidad» y que, según ha manifestado, «son el exponente del drama social que padecen otras 60.000 familias en el Estado y centenares en Euskadi».
Tras desvelar que entre San Sebastián e Irun (las dos ciudades más grandes de Gipuzkoa) se han emitido un total de 236 informes para acogerse a la situación de «vulnerabilidad» requerida para pedir el ‘escudo social’, García ha recordado también la existencia de otro tipo de demandas de desahucio que se están produciendo «por finalización de contrato» y en las que por el momento en Gipuzkoa hay seis familias más.
No obstante, todas ellas se han acogido a las prórrogas extraordinarias de hasta tres años que regula la Ley de Vivienda en municipios tensionados, ha explicado.
Contratos de alquiler
Ha recordado además que el Gobierno Vasco cifra en 25.695 los contratos de alquiler que van a finalizar este año por lo que, si los jueces «no validan las prórrogas extraordinarias vigentes en los municipios tensionados que los caseros están impugnando en los tribunales», el número de demandas de desahucio «se incrementarán hasta niveles insoportables», ha dicho.
Ante esta situación, ha avanzado la voluntad de su plataforma de «impedir por todos los medios los desahucios que finalmente soliciten los juzgados»
Medidas urgentes
Asimismo, ha exigido al Gobierno Vasco y a los ayuntamientos que adopten «medidas urgentes y valientes para aumentar el insuficiente y obsoleto parque de viviendas de alquiler social» e «impedir que familias con menores tengan que vivir en la calle».
En este sentido, ha reclamado la intermediación de los ayuntamientos con los grandes tenedores para impedir lanzamientos y el refuerzo del parque público de viviendas mediante la incorporación de domicilios vacíos en manos de grandes tenedores.
Igualmente, ha recordado que los organismos internacionales «obligan a los gobiernos a ofrecer alternativas habitacionales a las familias vulnerables» y ha instado al organismo del Gobierno Vasco para la protección de los consumidores, Kontsumobide, a inspeccionar los portales inmobiliarios para que cumplan la Ley de Vivienda en los municipios tensionados. EFE
