Vitoria (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado el decreto de normalización del uso del euskera para el sector público vasco, tras un recurso de Vox. El único motivo es que la memoria económica que lo acompaña adolece de «insuficiencia sustancial».
Por orto lado, el tribunal desecha los argumentos de fondo que planteó Vox en su recurso. Estos se referían a la inconstitucionalidad del decreto al argumentar que la norma era discriminatoria para los castellanoparlantes.
El fallo sostiene que la estructura y contenido de este motivo de fondo «es tan genérica, tan difusa e imprecisa que no puede ser acogido». Señala en este sentido que Vox en su recurso «presenta los preceptos constitucionales vulnerados pero no especifica qué artículos del decreto los lesionan».
El TJSPV elevó una cuestión de inconstitucionalidad relativa a esta asunto, pero el Tribunal Constitucional la inadmitió el pasado mes de julio.
El decreto afecta a 140.000 empleados públicos
El decreto fue aprobado por el Gobierno Vasco el 22 de febrero de 2024. Entre otras cuestiones flexibilizaba los perfiles lingüísticos y ampliaba las formas de acreditarlos. Además, recogía que se podrían poner exámenes en euskera en los procesos selectivos para plazas que tengan esta lengua como preceptiva.
La regulación afecta a más de 140.000 trabajadores ya que no solo incluye a los empleados de las administraciones públicas vascas. También afecta al personal de sociedades, empresas públicas, consorcios y fundaciones, así como a los de empresas privadas contratadas por el sector público.
Pese a desechar los argumentos de fondo, el TSJPV sí admite una de las alegaciones planteadas por Vox en el recurso presentado en marzo de 2025. En concreto, observa un «vicio procedimental» relacionado con a la memoria económica que acompañó al decreto ahora anulado.
El TSJPV concluye que la memoria económica «adolece de insuficiencia sustancial, es decir, no cumple con su propia razón de ser» porque no cumple «con la evaluación y fundamentación objetiva y técnica de las exigencias y repercusiones económico financieras de la regulación proyectada».
No hay «estimación de costes»
La memoria, abunda la sentencia, «no justifica tampoco que la nueva regulación respete las imprescindibles estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera».
El tribunal se apoya, para llegar a esta conclusión, en un informe elaborado por la Oficina de Control Económico. Este afirma que la memoria no contiene una «efectiva estimación de costes» derivados de extender instrumentos de planificación lingüística al sector público vasco.
La sentencia apunta a una contradicción por parte del Gobierno Vasco, ya que en la orden de inicio del expediente se consideró que el decreto no tendría repercusión económica, mientras que todos los informes presentados y la propia memoria económica justificaban un incremento del gasto.
El fallo no es firme y puede cabe recurrir ante el Tribunal Supremo.










