Vitoria (EFE).- Driss, Sanae y sus dos hijos menores pasarán la noche en una pensión de Vitoria después de que este viernes se haya ejecutado el desahucio de la casa en la que han vivido en alquiler durante los últimos 14 años.
En apenas una hora la comitiva judicial escoltada por ertzainas y policías locales ha llevado a cabo el desahucio de esta familia, que ha estado arropada en todo momento por alrededor de trescientas personas convocadas por el Sindicato de Vivienda Auzoan Bizi, entre ellas vecinos del casco histórico de la ciudad en la que se ubica la vivienda.
El desalojo se ha llevado a cabo protegido por un amplio despliegue de la Ertzaintza que ha acordonado la calle en la que se sitúa la vivienda, y ante los gritos de los congregados en contra del desahucio y también contra la labor de los agentes policiales.
Antes de que las dotaciones abandonasen la zona se han vivido momento de tensión entre gritos del ‘alde hemendik’ (fuera de aquí) contra las patrullas policiales.
Una semana en una pensión
Driss ha agradecido el apoyo de vecinos y amigos acompañado de su esposa, Sanae. Visiblemente afectados por tener que abandonar el piso en el que han residido con sus hijos de 8 y 10 años durante más de una década.
Han reconocido que tanto ellos como los niños «están mal».
Esta noche la pasarán en el recurso urgente y temporal que les ha facilitado el Ayuntamiento de Vitoria tras la evaluación de la situación por parte de los servicios sociales de base y en el que podrán quedarse, en principio solo una semana.
«Todavía no sabemos qué vamos a hacer. No tenemos una casa de protección ni nada de nada», ha explicado en declaraciones a los periodistas Driss, quien ha calificado lo ocurrido como «una vergüenza».
Ha asegurado que ha pagado todos y cada uno de los recibos de alquiler y que puede demostrarlo. Preguntado por las razones del desahucio ha respondido que «el propietario quería recuperar el piso y el juzgado le ha dado la razón».
Representantes del Sindicato de Vivienda Auzoan Bizi (Vivir en el barrio), que ha acompañado a Driss y Sanae desde el principio han explicado que la familia lleva viviendo en el piso 14 años, durante los que han pagado un total de 75.600 euros al propietario.
Cuatro años de procedimiento judicial
Alegan que el procedimiento comenzó cuando el dueño, un particular residente en Vitoria, se negó a aceptar la solicitud de sus inquilinos a abonar los gastos mediante transferencia bancaria, para que quedase constancia de los mismos.
La petición de la familia se llevó a cabo en 2021 y tras el rechazo del propietario a acceder a la misma en enero de 2022 recibió la orden de abandonar el piso.
El Sindicato de Vivienda Auzoan Bizi relata que tras varias moratorias la sentencia definitiva fijó el desahucio para el 9 de julio, pero se logró posponer el desalojo hasta hoy gracias a un informe que ratifica la situación de vulnerabilidad de la familia.
Ha señalado que la familia ha tratado de encontrar un alquiler asequible en Vitoria, pero no ha logrado este propósito en una ciudad en la que ha recordado que el alquiler mensual ronda los 1.200 euros de media
El Sindicato de Vivienda Auzoan Bizi pone ha puesto el foco en los dos niños y ha subrayado la presión a la que están sujetos y el riesgo que para su salud y su proceso de aprendizaje que implica.
«El derecho a la educación no puede garantizarse si no se garantiza el derecho a la vivienda», ha concluido. EFE
