Bilbao, (EFE).- La comisión judicial ha ejecutado este martes, entre protestas, el desahucio de una mujer que vivía desde hace diez años en un piso de alquiler de Alokabide en el barrio bilbaíno de Atxuri, por una deuda que, según ha asegurado el Departamento de Vivienda, arrastra desde 2017.
Varias decenas de personas se habían concentrado desde primera hora ante el portal para tratar de frenar el lanzamiento, con gritos de «no toleramos ningún desahucio más», «vecino, despierta, desahucian en tu puerta» y «esos de ahí enfrente desahucian a la gente», ante un cordón de una veintena de agentes que impedía el acceso al edificio.
Fuentes del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco han explicado que la inquilina pagaba una renta «muy baja» y acumulaba una deuda «altísima» desde 2017, y que se intentó llegar a un acuerdo con ella a través de los servicios sociales sin conseguirlo, en un proceso que llegó a paralizarse y después se retomó hasta que un juez ordenó el desalojo.
Esas mismas fuentes han subrayado que ni Alokabide ni el Ejecutivo desahucian nunca a lo que denominan un «deudor de buena fe», es decir, a quien no paga porque acredita que no puede hacerlo.
Asimismo, han defendido la necesidad de una gestión «rigurosa» del parque público, con más de 100.000 unidades convivenciales inscritas en Etxebide a la espera de una vivienda.
Ausencia de alternativas
Sobre la ausencia de realojo, el departamento ha señalado que trasladó el caso a los servicios sociales y que no fue posible resolverlo, y ha remitido a la propia afectada para explicar los motivos.
El sindicato de vivienda que la ha apoyado sostiene, en cambio, que se trata de una mujer que vive sola y con bajos recursos a la que no se ha ofrecido ninguna alternativa habitacional.
Su portavoz, Celia Vicente, ha explicado que durante la mañana trataron de contactar con el Gobierno Vasco para pedir la paralización cautelar del desahucio y que el director de Vivienda, Pablo García-Astrain, les respondió que el Ejecutivo no podía detenerlo y que la competencia correspondía a Alokabide.
«Un derecho garantizado»
«Se han lavado las manos», ha reprochado el colectivo, que responsabiliza del desahucio al Gobierno Vasco y a los partidos que lo integran, PNV y PSE-EE, por tratarse de un recurso público, y que ha defendido que la vivienda debe ser «un derecho garantizado», «como lo son la sanidad y la educación».
El desahucio se produce en plena movilización por la vivienda en Euskadi.
El pasado viernes miles de personas se manifestaron en las capitales vascas en marchas convocadas de forma unitaria por los movimientos por la vivienda, la misma tarde en que el Congreso rechazó los dos decretos del Gobierno, y el domingo el sindicato LAB reunió a varias decenas de personas en Bilbao.
En la plaza del Teatro Arriaga se mantiene además una acampada iniciada a finales de septiembre en demanda de vivienda «digna».
