Vitoria (EFE).- El Gobierno Vasco quiere recurrir ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Vivienda, con la oposición del PSE, al entender que invade competencias. Argumenta en este sentido que regula aspectos que a pesar de no estar incluidos en la legislación de Euskadi sí son competencia de la comunidad autónoma.
El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado hoy presentar este recurso contra esta ley orgánica. En base al informe de los servicios jurídicos del Ejecutivo, se quiere recurrir 7 artículos de la ley estatal, una disposición transitoria, una disposición adicional y dos disposiciones finales.
Los socios del Ejecutivo vasco, PNV y PSE-EE, han mantenido hoy sus discrepancias en torno a esta ley. Los nacionalistas ya votaron en contra en las Cortes Generales y hoy esas diferencias se han visto en el Consejo de Gobierno, donde los tres consejeros del PSE, se han mostrado en contra del recurso.
Fuentes del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, dirigido por Iñaki Arriola (PSE), han explicado a EFE que los tres consejeros no comparten el informe jurídico al considerar que la ley estatal “es una oportunidad para Euskadi porque no impone, sino que amplía derechos”.
En este sentido, insisten en que la norma faculta a las comunidades para adoptar medidas para las que no tienen competencias y permite que dispongan de todas las herramientas posibles y útiles para afrontar el acceso a una vivienda asequible, camino que que el País Vasco inició “hace tiempo”.
Llamamiento al diálogo
El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha señalado que el recurso se basa en el informe de los servicios jurídicos del Gobierno y que ese informe tiene su origen en la aprobación por parte del Parlamento Vasco a principios de mayo de una iniciativa firmada por PNV y PSE-EE.
El portavoz ha llamado al Gobierno central para tratar de encauzar esta cuestión en la comisión bilateral de cooperación para tratar de acercar posturas y llegar a un acuerdo que evite el recurso.
El informe, ha dicho, incide en que la norma “ocupa” del espacio con el que cuenta Euskadi “para poder desarrollar políticas propias en materia de vivienda”, lo que genera “inseguridad jurídica sobre la normativa a aplicar”.
“Se trata de la imposición a Euskadi de ciertas medidas y medios para llevarlas a cabo en aspectos de materia de vivienda que son competencia exclusiva de esta comunidad autónoma”, considera el Gobierno Vasco.
El Gobierno de Iñigo Urkullu insiste en que “el Estado pretende ser el único poder público que defina la función social de la vivienda”, así como “regular en profundidad las acciones públicas promotoras de vivienda y la política pública de acceso a la misma”.
Estas circunstancias relegan a Euskadi a “ser mera ejecutora” porque su competencia para regular en esta materia “queda vaciada completamente”.
Ley Vasca de Vivienda
Asimismo, el informe jurídico señala que “en gran medida” el contenido de la ley se encuentra recogido y “bien regulado” con carácter previo en Euskadi a través de la ley vasca de 2015, que tal y como recuerda, fue validada por el Tribunal Constitucional.
En concreto, el informe señala que la norma estatal, que entró en vigor a finales de mayo, establece reservas de suelo destinadas a vivienda protegida en un alto porcentaje, lo que “vulnera la jurisprudencia constitucional al respecto”.
Además, introduce “contradicciones” en cuanto al destino necesario del patrimonio público del suelo, lo que “limita la capacidad de decisión de Euskadi en políticas de su competencia exclusiva”.
En cuanto a la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, la regulación del Estado “ocupa el espacio que ha de llenar el desarrollo de la normativa vasca”, lo que “cierra la posibilidad de tal desarrollo”.
Por todo ello, el Departamento vasco de Gobernanza Pública y Autogobierno entiende que “el Estado está negando la posibilidad a la sociedad vasca de ser, a través de sus representantes elegidos democráticamente, dueña de su propio modelo en política de vivienda”.
“Estrategia recentralizadora”
“De manera deliberada y con una estrategia recentralizadora se está obviando que en el Estado existen realidades diferentes y gestiones muy diferenciadas en este ámbito en concreto, ya que Euskadi es la comunidad autónoma que más VPO ha construido, solo por detrás de Andalucía, comunidad que cuadriplica nuestra población”, dice el informe.
En cinclusión, el Gobierno Vasco defiende la capacidad de la ciudadanía vasca para “establecer su propio camino en aquello que tiene reconocido por ley y sin injerencias”.
Además, subraya la necesidad de “proteger el espacio reconocido al Departamento vasco de Planificación Territorial, Vivienda y Transporte”, para definir y materializar las políticas de vivienda en base a las necesidades del País Vasco.
