Vitoria (EFE).- La Fiscalía de Álava pide penas de dos años de prisión para un médico y de un año de cárcel para una opositora, los dos únicos acusados por la filtración de exámenes de la OPE de Osakidetza 2016-2017.
En septiembre de 2024 la Audiencia de Álava declaró el sobreseimiento del caso para 17 de los 19 investigados. Ahora el Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria ha terminado la investigación y ha dictado un auto de inicio de apertura de juicio oral contra los encausados que quedan. Se trata de un médico, entonces jefe de servicio del Hospital Donostia, especializado en cirugía plástica, estética y reparadora, y contra una opositora, pareja sentimental del hijo del otro acusado.
El Ministerio Fiscal considera al médico autor de un delito de revelación de secretos con grave daño para la causa pública o para terceros. La mujer acusada habría incurrido en un delito intentado de revelación de secretos con grave daño para la causa pública o para terceros.
Además de las penas de prisión, la Fiscalía pide cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el médico. Para ella pide ocho años de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios e incentivos fiscales y de la seguridad social.
Las presuntas irregularidades en esta OPE, en la que tomaron parte 72.500 personas, motivaron la dimisión del consejero, Jon Darpón. Además, llevaron a Osakidetza a repetir cinco exámenes de tres categorías.
Llegó a haber 19 imputados
A raíz de diversas denuncias, se investigaron posibles filtraciones en ocho especialidades médicas. Llegó a haber 19 personas imputadas entre miembros de los tribunales y opositores. De ellas 17 fueron exoneradas al quedar sobreseídas las actuaciones.
En el auto de apertura de juicio oral contra los dos únicos acusados se recoge la calificación del Ministerio Fiscal. En el documento se relata que en torno al 5 de marzo de 2018 el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) encargó al acusado preparar 50 preguntas del examen teórico de su especialidad.
Para ello, el médico, que ostentaba la condición de funcionario público, firmó un contrato de confidencialidad.
El fiscal asegura que antes del 20 de mayo de 2018, fecha en la que se hicieron los exámenes, el médico filtró las preguntas a la acusada. Esta, «al menos en aquella fecha, era pareja sentimental del hijo del acusado».
La acusada acertó 48 de 50 preguntas
Gracias a ello, continúa el fiscal, la acusada contestó de manera correcta a 48 de las 50 preguntas. Logró una puntuación total de 72 puntos sobre 100, «muy por encima del resto».
Su examen despertó las sospechas del presidente del tribunal, miembro del IVAP, quien aconsejó a la acusada que retirarse de la OPE. Sin embargo, la acusada continuó adelante hasta el 22 de mayo, cuando remitió un correo electrónico en el que renunció a participar en la OPE.
La Fiscalía considera «probable» alcanzar un acuerdo de conformidad en este caso. Po ello pide al juzgado que cite a la víctima del delito en una audiencia preliminar para conocer su opinión.
