Bilbao (EFE).- La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) cree que el acuerdo entre PSOE y Junts, por sus referencias a la judicialización de la política, supone acabar con la separación de poderes en el España.
Este acuerdo se ha tomado por una mayoría de 4 sobre 5 y el voto particular discrepante del presidente del TSJPV, Iñaki Subijana. Este entiende que dentro de las atribuciones de la Sala de Gobierno no está la de opinar sobre un acuerdo entre dos partidos, “cualquiera que sea la consideración que merezca el contenido del mismo”.
La Sala de Gobierno del TSJPV considera que “la posibilidad de constituir comisiones parlamentarias para determinar situaciones de ‘judicialización de la política’ y las consecuencias derivadas de ello (acciones de responsabilidad y modificaciones legislativas), resultan una intromisión hasta ahora inaudita en la labor de juzgados y tribunales, y un ataque frontal a la separación de poderes”.
“Implicaría que el Poder Legislativo se convierta en supervisor del Poder Judicial”, ha remachado el alto tribunal vasco en una declaración.
A su juicio, resulta “inadmisible” que en un Estado de Derecho donde el poder judicial “es independiente y se rige única y exclusivamente al imperio de la ley” se planteen iniciativas de este tipo, que “en última instancia” suponen “un grave menoscabo a los derechos y libertades de todos los ciudadanos”.
Voto particular de Subijana
En su voto particular, el presidente del TSJPV, Iñaki Subijana, rechaza esta declaración por entender que la Sala de Gobierno “no debió adoptar un pronunciamiento sobre el acuerdo suscrito entre dos partidos políticos: el PSOE y Junts per Catalunya”.
En su opinión, ni la ley del Poder Judicial ni el reglamento del Consejo General del Poder Judicial contempla que una Sala de Gobierno “efectúe un pronunciamiento público sobre la valoración de un acuerdo entre dos partidos políticos, cualquiera que sea la consideración que merezca el contenido del mismo”.
La declaración de la Sala de Gobierno del TSJPV se suma a las criticas de otros estamentos judiciales al acuerdo alcanzado por el PSOE y Junts y más concretamente a la Ley de Amnistía.
Así, la semana pasada las cuatro asociaciones de jueces y las tres asociaciones de fiscales mostraron su rechazo al “lawfare” porque podría suponer la “intromisión en la independencia judicial” y la “quiebra de la separación de poderes”.
