Urkullu niega trato de favor a presos de ETA y defiende los terceros grados

Vitoria (EFE).- El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha defendido los criterios técnicos en la concesión de terceros grados, que se aplican a todos los presos, sean o no de ETA.

En el pleno de control del Parlamento Vasco ha asegurado que el Gobierno Vasco es «meticuloso» al proponer progresiones de grado al basarse en criterios técnicos y fundamentos jurídicos. He recalcado además que se usan los mismos criterios en todos los casos, con independencia del delito cometido.

Ha respondido así el portavoz de PP+Cs, Carlos Iturgaiz, en el pleno de la Cámara vasca. Este le había reprochado que la Audiencia Nacional haya revocado los terceros grados a cinco presos de ETA y ha advertido de que está situación se podría repetir porque la Fiscalía ha recurrido «un buen número» de progresiones de grado.

Esas cinco revocaciones «acreditan muy poco fundamento jurídico y exceso de interés político», ha argumentado el portavoz popular, que ha pedido que se asuman responsabilidades «por este fiasco».

PP: Los presos de ETA tiene facilidades

«Estamos viendo confirmadas nuestras sospechas», ha dicho Iturgaiz. En su opinión, los etarras tienen «facilidades por delante de otros reclusos» ya que se les conceden terceros grados de una forma «más laxa», como demuestran los citados «varapalos judiciales».

Su Gobierno, le ha dicho Iturgaiz a Urkulllu, «se salta la ley en beneficio de terroristas presos de ETA, quizá por eso reclama un ámbito judicial propio para que les dé siempre la razón y poder promover excarcelaciones exprés de terroristas que ni siquiera se han arrepentido».

El lehendakari ha asegurado que cada progresión de grado concedida por su Gobierno está «avalada desde el punto vista penitenciario y profesional». Tiene además el «aval» de la Junta de Tratamiento «que ha realizado previamente unos informes individualizados, rigurosos y profesionales» basados en «los mismos criterios» para todos los reclusos.

Urkullu ha defendido la «meticulosidad» de cada expediente, aunque ha reconocido que es la Audiencia Nacional quien tiene «la última palabra». El Gobierno, ha añadido, respetará las decisiones que este órgano judicial tome en cada caso.

En el primer año transcurrido desde el traspaso a Euskadi de la gestión de las cárceles se han concedido 500 progresiones. De ellas un 5 % han sido para etarras, cuando este colectivo supone más del 8 % de la población reclusa, ha precisado Urkullu.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, atiende a los medios a su llegada al Parlamento. EFE/L. Rico

El tercer grado reduce la reincidencia

Le ha recordado a Iturgaiz que la concesión de un tercer grado «es una forma de cumplir condena, no supone dejar de cumplirla». Al mismo tiempo ha destacado que el modelo penitenciario vasco «se alinea con las tendencias de los países europeos» ya que se ha comprobado que la semilibertad es la mejor fórmula para evitar la reincidencia y para lograr la reinserción.

En otro momento del pleno, y en respuesta a la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha vuelto a revindicar un poder judicial propio para Euskadi. Se trata, ha argumentado, de una propuesta que tiene anclaje en la Constitución y en el Estatuto.

Ese poder judicial vasco implicaría contar con los órganos judiciales necesarios para interpretar y aplicar las leyes que afecten a Euskadi y también para resolver posibles cuestiones de competencia.

Este planteamiento, ha dicho, tendría cabida en un estado federal donde cada región interprete las leyes «sin perjuicio de que puedan ser sometidas a la supervisión de tribunales federales».

«Esta propuesta no responde a un capricho competencial, sino a la necesidad de dotarnos de un modelo más cercano y eficaz», ha añadido.

Amaia Martínez ha considerado por su parte que el Gobierno Vasco quiere «una justicia a la carta» que se traduzca en «una justicia nacionalista donde el poder judicial actúe de forma sumisa y se pliegue a las directrices marcadas» desde Sabin Etxea. EFE