Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. EFE/ Javier Lizón

El Gobierno mantiene su intención de presentar presupuestos pese a las dudas sobre la senda de estabilidad

Madrid (EFE).- La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado este martes que el Ejecutivo mantiene su objetivo de presentar un proyecto de presupuestos para el próximo año pese a las dudas sobre su capacidad de aprobar una senda de estabilidad, que es un paso previo a las cuentas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría ha insistido en que la decisión de retirar la tramitación de la senda de estabilidad -que este jueves iba votarse en el Congreso, donde todo apuntaba a que iba a ser rechazada de nuevo- pretende «dar una oportunidad al diálogo».

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Víctor Torres (i), la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera (2d), y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría (2i),
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría (2i), en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. EFE/ Javier Lizón

Diálogo y responsabilidad

«Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para seguir trabajando, dialogando y alcanzar un acuerdo» sobre la senda de estabilidad, ha insistido, lo que pasa tanto por hablar con Junts como con «todos aquellos grupos que quieran trabajar desde la responsabilidad».

Alegría ha pedido «responsabilidad» al PP y ha recordado que las regiones gobernadas por esta formación se abstuvieron en la votación de esta senda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) «porque saben que esos 12.000 millones son beneficiosos para la ciudadanía». «Ojalá el PP al menos se comportase» como sus regiones, ha resumido.

Los plazos

La portavoz no ha aclarado si se baraja la posibilidad de cambiar los objetivos de déficit y deuda propuestos, qué plazo se da el Gobierno para alcanzar un acuerdo o si presentará una nueva senda en caso de que no logre cerrar el pacto, aunque sí ha defendido que «continuamos los trámites para hacer posible la aprobación» de los presupuestos.

El Consejo de Ministros ha acordado este martes retirar la tramitación de la senda de estabilidad, un paso previo a los presupuestos, para dar tiempo a la negociación con los grupos que permita evitar un rechazo como el sufrido en julio por estos mismos objetivos con los votos de PP, Vox y Junts.

PRESUPUESTOS
El portavoz del PNV, Aitor Esteban, conversa con al ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso. EFE/Zipi

Ahora, el Ejecutivo podría optar por presentar una senda diferente -como ha pedido Junts, que reclama mejoras para Cataluña-, la misma o no presentar ninguna, lo que supondría renunciar a los presupuestos para 2025 y prorrogar de nuevo los de 2023.

En caso de que presente senda y esta sea rechazada en el Congreso, el Gobierno podría presentar presupuestos, aunque basados en el objetivos de déficit y deuda del programa de estabilidad remitido a Bruselas el pasado año, que son más estrictos con comunidades autónomas y ayuntamientos.

Precisamente este es el principal argumento del Gobierno para reclamar el apoyo del PP, ya que si se aplicaran los objetivos del plan de estabilidad las comunidades autónomas y ayuntamientos tendrían que realizar un ajuste de unos 12.000 millones de euros entre 2025 y 2026.

El Gobierno recrimina al PP que no quiera votar la senda de estabilidad

La ministra portavoz Alegría ha reprochado al PP que no quiera respaldar la senda de estabilidad que el Gobierno ha retirado ante la falta de apoyos suficientes para aprobarla en el Congreso y ha aseverado que oponerse «no es votar en contra de este Gobierno, sino en contra de la gente de este país».

Alegría ha cargado las tintas contra los populares, sin citar la falta de apoyo de Junts que ha empujado al Ejecutivo a aplazar la tramitación parlamentaria.

Y ha recalcado que los 12.000 millones de aumento del margen de gasto presupuestario, que lleva aparejado el objetivo de déficit, servirían para mejorar la «calidad de vida» de los ciudadanos porque permitirían contratar maestros, personal sanitario, mejorar la atención a mayores y dependendientes, servicios que prestan comunidades autónomas y ayuntamientos.