Madrid (EFE).- El Tribunal Supremo ha rechazado paralizar de forma cautelar la regularización extraordinaria de inmigrantes que está llevando a cabo el Gobierno, como habían solicitado la Comunidad de Madrid y Vox, entre otros.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha tomado esta decisión después de celebrar cinco vistas en las que ha escuchado los argumentos de los cinco solicitantes -el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, Vox, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia- y del Gobierno, que ha pedido no frenar la medida.
El Gobierno ha recibido 549.596 solicitudes
El abogado del Estado, en representación del Gobierno, ha informado en una de esas vistas de que el Ejecutivo ha recibido, hasta el día de ayer, 549.596 solicitudes para la regularización extraordinaria de migrantes, de las que han sido admitidas a trámite 91.505 peticiones.
En una de estas sesiones, en concreto para estudiar la solicitud de la Asociación Libertad y Justicia, el abogado del Estado ha dado cuenta de estos datos para defender que la admisión a trámite de las solicitudes, que implica la concesión de una autorización de residencia y trabajo provisional, no se hace de forma automática, como ha aludido la asociación recurrente.
Esta comunicación de admisión a trámite se produce, ha subrayado, después de un «chequeo» de los documentos aportados para acreditar que se cumplen requisitos esenciales.
Más de 200.000 peticiones en 15 días
El real decreto para la regularización entró en vigor el pasado 16 de abril con el objetivo de dar permiso de residencia y trabajo a unas 500.000 personas que ya viven en el país.
En las primeras dos semanas se registraron unas 200.000 peticiones para adherirse al proceso y el plazo acaba el próximo 30 de junio.
El Alto Tribunal ya rechazó el pasado 16 de abril la medida cautelarísima solicitada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica para frenar la regularización, al no ver acreditado que existiese especial urgencia para hacerlo.
Las cinco vistas de este viernes se celebrarán de forma sucesiva y en ellas tanto los recurrentes como la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, defenderán sus posturas.
Los argumentos de los recursos
Para la adopción de medidas cautelares, la Comunidad de Madrid alega que la norma «afecta gravemente» a la prestación de servicios públicos sin financiación o medios para auxiliar a las autonomías.
Vox cree que el real decreto derivará en el colapso de los servicios públicos, más dificultades en el acceso a la vivienda y más inseguridad en las calles.
Por su parte, Hazte Oír esgrime entre sus motivos que el proceso constituye un fraude de ley y que su ejecución generaría un daño irreversible que no podría ser reparado con una eventual sentencia favorable en el futuro.
El Gobierno aplaude la decisión del TS: Despeja el presente de los migrantes
El Gobierno ha celebrado la decisión del Supremo ya que considera que «despeja el presente y futuro de decenas de miles de personas».
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han transmitido a EFE su «respeto a las decisiones judiciales» y han valorado «positivamente» el rechazo de la solicitud de medidas cautelares solicitadas por la Comunidad de Madrid y Vox, mientras que ha negado la legitimación de entidades como Hazte Oír para recurrir el real decreto.
Para el Ejecutivo, con esta decisión, el Alto Tribunal «despeja el presente y futuro de decenas de miles de personas» que ya han recibido la autorización inicial con la admisión a trámite de su petición y, por tanto, ya pueden residir y trabajar en España.
Y, además, «no disipa la esperanza» de otras decenas de miles de personas que esperan su resolución o presentarán su documentación en los próximos días, ha añadido.
El real decreto para la regularización entró en vigor el pasado 16 de abril con el objetivo de dar permiso de residencia y trabajo a unas 500.000 personas que ya viven en el país y, hasta ayer, el Ejecutivo ha recibido 549.596 solicitudes, de las cuales 91.505 han sido admitidas a trámite, lo que significa la concesión de una primera autorización provisional para residir y trabajar en España.
