Oviedo (EFE).- La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha destacado este martes que el “impulso” realizado por el Gobierno del Principado en la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha permitido reducir “en casi en un 90 por ciento la lista de espera del Salario Social”.
En una comparecencia a petición propia ante la Junta General para informar de todo lo relativo al IMV y su impacto en el Proyecto de Ley del Principado de Asturias de garantías de derechos y prestaciones vitales, Álvarez ha afirmado que el proceso iniciado hace dos años para aplicar en Asturias la renta estatal “se ha llevado a cabo con publicidad y transparencia”.
Ha asegurado que todas las medidas desarrolladas por el Ejecutivo autonómico tienen por objeto garantizar la prestación económica y favorecer la inclusión de las personas en situación de vulnerabilidad.
Álvarez ha valorado que, desde septiembre de 2019 hasta ahora, los titulares del salario social básico hayan pasado de 22.284 a 14.319 (7.965 menos), que el plazo de tramitación se haya reducido de 6 a 1,5 meses, que las solicitudes a la espera de tramitación hayan bajado de 1.478 a 187 y, en especial, que el gasto medio mensual haya disminuido desde los 9,9 hasta los 6,4 millones.
“Hemos desarrollado una actividad frenética y transparente, que nos ha llevado a rendir cuentas en el Parlamento y hacer partícipes no sólo a las administraciones públicas implicadas, sino también a entidades sin ánimo de lucro, agentes sociales, colegios profesionales y, por primera vez, a organizaciones privadas ajenas al ámbito de la inclusión social”, ha explicado Álvarez, que ha recalcado que, en el plano normativo, esta actividad ha supuesto la aprobación de la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales y la modificación del reglamento del Salario Social.
Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales
La consejera ha avanzado que el siguiente paso será la articulación del Sistema Asturiano de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, en colaboración con entidades locales, organizaciones sin ánimo de lucro, agentes sociales y demás implicados.
“El proceso ya ha comenzado y culminará con el Reglamento de la Ley de Garantía y la concreción de la aplicación de la norma en la próxima Ley de Presupuestos Generales del Principado para 2023”, ha precisado Álvarez.
En relación a las llamadas realizadas a los perceptores para participar en los itinerarios de inclusión, la consejera ha indicado que se realizaron a las personas demandantes de empleo en el Sepepa en horario de trabajo y ha apuntado que aquellos que no cogieron el teléfono fueron derivados a los servicios municipales. EFE
Edición web: Gorka Vega.
