Oviedo (EFE).- La regasificadora de Gijón está realizando este fin de semana su primera operación de descarga de gas natural licuado (GNL) después de que el metanero “Cool Racer” haya atracado este sábado en el puerto de El Musel.
El buque atracó a las 8:20 horas en el muelle de la planta regasificadora de Enagás en el puerto gijonés con 150 000 toneladas de gas natural licuado procedente de Estados Unidos.
Con motivo de la llegada del barco, la Guardia Civil estableció un dispositivo especial de protección que se inició sobre las 04:00 horas de esta madrugada cuando la patrullera del Servicio Marítimo realizó un reconocimiento de las aguas y salió al encuentro del metanero hasta la altura del Cabo Peñas, desde donde inició la escolta hasta la bocana del puerto.
Posteriormente, el Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) con apoyo del helicóptero prosiguió la tarea de escolta hasta el atraque final.
El responsable de Infraestructuras de Enagás, Claudio Rodríguez, avanzaba esta semana que el equipamiento tendrá una capacidad máxima para descargar y cargar 100 barcos de gas natural licuado al año con capacidad de 170.000 metros cúbicos y un mínimo de 12 para el mantenimiento en frío y garantizar la operatividad de las instalaciones.
Según apuntó, la planta de El Musel funcionará estas primeras semanas en “modo pruebas” para que se lleven a cabo los “ajustes técnicos necesarios”.
Servicios logísticos
La actividad principal de la planta será la prestación de servicios logísticos de GNL, entre los que figuran la carga y descarga de buques y el almacenamiento.
Cuenta con una capacidad de 300.000 metros cúbicos de gas natural licuado, dividido en dos tanques de 150.000 metros cúbicos cada uno, que podrán ser aprovechados por otros estados miembros de la Unión Europea.
La terminal de Gijón, que permitirá el atraque de buques de entre 50.000 y 266.000 metros cúbicos, podría aportar hasta 8 bcm (8.000 millones de metros cúbicos) de GNL a Europa.
La regasificadora fue paralizada en 2012 por orden judicial tras una inversión de unos 360 millones de euros por vulnerar su construcción la normativa entonces vigente, lo que obligó a iniciar de nuevo toda la tramitación administrativa. EFE
