Oviedo (EFE).- La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha propuesto este lunes un gran pacto social de amplio alcance, que trascienda a la legislatura y que blinde los cuidados a las personas mayores en Asturias mediante modelos de servicios de calidad claramente definidos y con una financiación suficiente.
Durante su comparecencia en la Junta General para explicar el programa de gobierno de su departamento, Álvarez ha hecho un llamamiento al consenso “a todos grupos políticos y a los agentes sociales implicados que estén dispuestos a hacer de la atención a las personas mayores la punta de lanza de la acción del Gobierno ante el reto demográfico”.
Un acuerdo que, según ha explicado la consejera, “tiene que anticipar y garantizar la adecuada respuesta a las nuevas expectativas que supone el envejecimiento de la población, teniendo en cuenta que el 80 por ciento quiere hacerse mayor en sus casas”.
A su juicio, el pacto “debería trascender la legislatura porque la dignidad de las personas y su vida autónoma van más allá de los próximos cuatro años” y debería estar incluido en la negociación de la concertación social y económica, ya que “debe contar con una mesa específica, atendiendo a la vertiente de colaboración público-privada que sustenta parte de la respuesta al reto del envejecimiento en el sistema asturiano de servicios sociales”.
Este pacto tiene que contar con la garantía del reconocimiento de derechos, gestión de solicitudes, garantía del acceso a recursos y servicios, planificación de su adecuada provisión en el territorio, evaluación de la calidad del modelo y respaldo a las empresas del sector.
Proyecciones demográficas
La titular de Derechos Sociales, que ha vinculado la necesidad del pacto al desafío demográfico, ha apuntado que las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) estiman que Asturias tendrá 305.000 personas mayores de 65 años en 2030, un 10 por ciento más que ahora.
Estas previsiones se traducirán en un incremento relevante de la presión sobre el sistema de dependencia, de modo que la consejería estima que unas 44.500 personas tengan reconocido el derecho a percibir ayudas a finales de esta década, el 15 por ciento de los mayores.
“Teniendo en cuenta que la inversión media actual por persona atendida ronda los 9.000 euros al año, nos habremos situado para entonces en un presupuesto asociado al sistema para la autonomía de más de 400 millones, un 40 por ciento más que en la actualidad”, ha subrayado la consejera.
Un aumento de la población mayor a “un ritmo sin precedentes”, ha recalcado Álvarez, que ha afirmado que cuando se acabe la presente legislatura el volumen de personas mayores habrá crecido un 8,2% – 22.500 personas mayores más. EFE
