Oviedo (EFE).- La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha anunciado este martes que se incrementará el presupuesto para dotar de más personal y recursos a los centros de menores de la administración autonómica.
Así lo ha señalado durante una comparecencia, a petición propia, en comisión parlamentaria para informar sobre la presunta trama de explotación sexual de menores tuteladas, una investigación en la que se han identificado a cinco víctimas de entre 13 y 17 años y en la que hay diez hombres investigados.
La consejera, que ha explicado que este aumento de recursos quedará plasmado en el proyecto de presupuestos del próximo año, ha avanzado que los centros contarán con “nuevos perfiles profesionales que se ajusten a las nuevas necesidades detectadas”.
Del Arco ha recordado que fue la administración regional la que denunció la presunta trama de explotación a cinco menores al día siguiente de tener conocimiento de ello y, desde entonces, ha mantenido una “absoluta y estrecha colaboración” con la Policía Nacional.
“Hemos colaborado en todos los extremos en la investigación policial”, ha insistido antes de sostener que también se ha prestado atención judicial y psicológica a las víctimas.
La consejera ha asegurado que el sistema de protección a los menores “funciona” y que está en “continua y permanente adaptación” para introducir los cambios que sean precisos.
En su intervención, ha lamentado que la violencia sexual contra la infancia “se da en todos los contextos normalizados, en los que los menores tutelados también se mueven”, una cuestión ante la que ha expresado “tolerancia cero” y en la que hay que poner el foco “en los miserables” que la cometen.
“Pasó lo que pasó, porque hay personas que ejercen violencia de todo tipo contra los menores”, ha asegurado antes de reiterar que los centros de acogimiento “no son cárceles y no puede serlo” y son, además, entornos seguros.
Del Arco ha explicado que, tras tener conocimiento de esta trama, la administración ha iniciado la revisión de los protocolos de coordinación interna y los establecidos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como las ratios de menores en estos equipamientos.
También se constató que era necesario reforzar el trabajo de autoestima y percepción de riesgo que tienen estos menores, contar con nuevos programas de apoyo psicológico y reforzar la formación en redes sociales.
Ceses o dimisiones
Desde el PP, la diputada Pilar Fernández Pardo ha pedido que haya “ceses o dimisiones”, ante un caso “tan grave” en el que “alguien tiene que asumir su responsabilidad”, y que se enmienden los “fallos” que se hayan podido cometer.
Al mismo tiempo, ha exigido “más coordinación, nuevos protocolos y más profesionales” en estos centros.
La diputada de Vox Sara Álvarez Rouco también ha pedido a la consejera que reconsidere si está “habilitada” para seguir al frente de su cargo, después de un episodio que ha dejado una “mancha en su historial que tiene difícil reparación”.
La parlamentaria ha lamentado que, tras conocerse la trama de prostitución, Del Arco haya empleado una “maniobra de distracción para intentar dejar atrás las consecuencias de un escándalo que será difícil de olvidar”.
“Mi cargo esta a disposición del presidente, como no podía ser de otra manera”, ha dicho Del Arco ante las críticas de los grupos de la oposición.
Provocar “fuegos”
Desde Convocatoria por Asturies-IU, Xabel Vegas ha expresado su “solidaridad” con la consejera, al considerar que PP y Vox han sido “tremendamente injustos con ella”.
El portavoz ha asegurado que Álvarez Rouco ha mostrado, en la comparecencia, su rostro “más miserable” y ha empleado este caso para “hacer política en el peor sentido de la palabra”.
“Ha utilizado a cinco niñas como ariete para desgastar a este Gobierno y eso es sucio, inmoral, indecente e indigno de una diputada de este cámara”, ha dicho Vegas, palabras que han provocado el enfado de la parlamentaria al considerar que ha sido insultada.
Desde el grupo mixto, Covadonga Tomé ha rechazado que se emplee políticamente este asunto con el objetivo de “provocar incendios”, en lugar de buscar soluciones consensuadas. EFE
