Oviedo (EFE).- El Principado de Asturias acogerá a lo largo de este año a veinticuatro menores más no acompañados y por ello percibirá casi 1,3 millones de euros, según lo acodado este miércoles en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebra en Tenerife, según ha anunciado la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco.
Según ha apuntado la representante del Principado, que ha participado en el encuentro de forma telemática, el Gobierno asturiano ha mostrado su respaldo a la propuesta de distribución territorial.
En concreto, las comunidades autónomas han pactado el reparto voluntario de 400 menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta, una cifra que el Gobierno central ya ha advertido que no es suficiente para apelar a la necesidad de abordar esta materia con un cambio legislativo.
Ley de Extranjería
En la reunión, que ha durado más cuatro horas, se ha tratado también la reforma legal que plantea el Gobierno para establecer un reparto vinculante y, al respecto, las autonomías han pedido más tiempo para valorarla.
A este respecto, el Gobierno del Principado ha remarcado su apoyo a la reforma de la Ley de Extranjería para repartir la tutela de los menores no acompañados que llegan a las costas canarias, una medida que según la consejera asturiana «va acompañada de financiación, como no podría ser de otra manera».
Del Arco, que ha participado al encuentro de forma telemática, ha asegurado Asturias «ha mostrado su solidaridad», algo que según ha remarcado «es una responsabilidad del conjunto de España y de todas las comunidades autónomas para que los derechos de los menores migrantes estén garantizados».
Tras precisar que la reforma es competencia del Congreso, Del Arco ha querido dejar claro que el Principado apoya la reforma legislativa propuesta por el Ejecutivo central «porque garantizará la atención y la tutela a los menores migrantes no acompañados» y porque la medida «va acompañada de una financiación, como no podría ser de otra manera».
La consejera ha añadido que dicha reforma representa también «una oportunidad» para modificar el plan y el modelo de contingencias que sí es competencia de la comunidad autónoma. EFE
