Oviedo (EFE).- La nueva Ley de Vivienda del Principado nace con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda «digna, adecuada y asequible» y de «blindar» la que tiene carácter público para evitar cualquier tipo de especulación mediante la imposición de un régimen sancionador, ha explicado el consejero de este ramo, Ovidio Zapico.
El titular de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos y el director general de Vivienda, Jesús Daniel Sánchez, han presentado este miércoles en rueda de prensa el borrador de esta normativa, que será remitida a la Junta General a final de año para su tramitación parlamentaria en 2026.
La ley recoge que las viviendas propiedad del Principado, a la entrada en vigor de la ley, así como aquellas que se califiquen con posterioridad, quedarán automáticamente sometidas al régimen de protección pública de carácter permanente.
Estos inmuebles se destinarán exclusivamente al arrendamiento y en ningún caso podrán ser objeto de venta o transmisión onerosa, han explicado.
El objetivo de dar este carácter vitalicio, ha explicado Zapico, es garantizar que «con la vivienda protegida no se especula».
El borrador de la normativa fija que las viviendas protegidas privadas ya construidas mantendrán el régimen actual al que están sometidas hasta que expire el periodo de protección, cuando pasarán al mercado libre.
Por su parte, las de protección privadas que se construyan tras la entrada en vigor de la ley mantendrán siempre la condición de protegida.
Sanciones por fraudes
La nueva norma tendrá como uno de sus ejes centrales el Sistema Asturiano de la Vivienda Protegida, que aglutinará el conjunto de actuaciones públicas dirigidas a garantizar el acceso estructural, estable y permanente a una vivienda digna y adecuada, especialmente para los colectivos con mayores dificultades.
Este sistema englobará no solo la promoción, clasificación y calificación de las viviendas protegidas, sino también su adjudicación, régimen económico, inspección, conservación y control, así como la gestión del suelo público dedicado a estas finalidades.
La norma, que contempla la puesta en marcha del Observatorio Asturiano de la Vivienda y la Inspección Protegida de Vivienda, también fija sanciones para los casos en los que exista algún tipo de fraude, cuya cuantía máxima será el 25 por ciento del precio de la vivienda afectada.
El borrador saldrá en próximos días a exposición pública y durante veinte días estará sometido a un periodo de alegaciones, con el objetivo de que en «las primeras semanas del otoño» el Consejo de Gobierno apruebe el texto antes de ser remitido al parlamento.
«Tenemos toda la voluntad de que cuente con el mayor respaldo posible», ha expresado Zapico, quien ha ofrecido «diálogo» a los grupos parlamentarios.
El director general de Vivienda ha destacado que la nueva normativa ha sido «largamente esperada» y «marcará un antes y un después» para garantizar que el derecho a la vivienda sea una «realidad tangible». EFE
