Oviedo (EFE).- Varios miles de personas se han manifestado este viernes en el centro de Oviedo, convocadas por cerca de una treintena de organizaciones políticas, sociales y económicas, para exigir la supresión del peaje de la autopista AP-66, conocido como el Huerna y que une Asturias con León.
La manifestación ha comenzado pasadas las 17:30 horas en la estación de tren de Oviedo y ha continuado por la céntrica calle Uría de la capital del Principado hasta finalizar en la Plaza de la Escandalera, donde se ha leído un manifiesto en defensa de la supresión del peaje tras el reciente dictamen de la Comisión Europea, que ha concluido que la prórroga acordada en el año 2000 incumplió la normativa comunitaria.
La protesta ha sido impulsada por las organizaciones que integran la Alianza por las Infraestructuras del Principado bajo el lema ‘Asturias unida. Fin al peaje del Huerna’ y en ella han participado, entre otros, el jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, y miembros de su Gobierno, representantes de los grupos parlamentarios, los sindicatos y la patronal, así como responsables de organizaciones empresariales y sociales.
El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha vuelto a incidir en la ilegalidad de la prórroga y ha defendido que Asturias «tiene todas las de ganar» en la lucha por la supresión del peaje tras el dictamen de la Comisión Europea.
Barbón ha subrayado que empeñó su palabra con la lucha por la eliminación del peaje y que por eso el conjunto del Gobierno del Principado ha acudido a «dar la cara» por la ciudadanía asturiana
Asimismo, ha explicado que no ha hablado en las últimas horas con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, pero que no se dio «por aludido» por sus declaraciones de ayer, en las que afirmó que la agenda política en Asturias podía estar «un poco desenfocada» al entender que la supresión del peaje no es un «problema central» para el Principado.
El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha pelado a la unidad y ha subrayado que la jornada de hoy es un día para mostrar «músculo» y «fuerza» en torno a la idea de que la sociedad asturiana está unida contra algo que un «pura injusticia» y no para hacer «crítica política».
Por su parte, la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, también ha destacado la «imagen de unidad inédita» mostrada y ha denunciado la «discriminación histórica» que supone el peaje, mientras que el secretario general de UGT, Javier Fernández Lanero, ha denunciado que Asturias es la única comunidad autónoma que tiene que pagar «los dos peajes más caros de España» para conectarse con Madrid, algo que es «ilegal» y una «injusticia» que genera «indignidad».
Sobre la reunión de la Alianza por las Infraestructuras que se ha celebrado antes de la movilización, Queipo ha asegurado que ha sido «muy positiva», ya que todos los actores implicados han coincidido en que lo primero es «reclamar la bonificación o la eliminación del peaje y después la lucha en la Justicia que corresponde en cada momento».
Barbón, por su parte, ha asegurado que durante el encuentro se ha avanzado en «los siguientes pasos» a dar para lograr la supresión del peaje.
Unas 5.000 personas, según la Policía
La manifestación, que según la Policía ha congregado a unas 5.000 personas, se ha celebrado justo cuando se cumplen cuatro años de la fecha prevista para la finalización del peaje del Huerna antes de que el Gobierno del PP acordara su prórroga hasta 2050.
La Comisión Europea dio el pasado mes de julio un ultimátum a España en el que advertía de que le llevará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si no modifica las concesiones de los peajes de las autopistas AP-9 y AP-66 porque, a su entender, son contrarias a las normas europeas de licitación pública.
España extendió en el año 2000 las concesiones a la AP-9 (Galicia) y a la AP-66 (que une Asturias y León) por 25 y 29 años respectivamente y después vendió las concesionarias sin haber abierto un proceso de licitación ni haberlo publicado en el Diario Oficial de la UE, tal como exige la directiva sobre contratos públicos, de acuerdo al dictamen de la Comisión Europea. EFE
