Oviedo (EFE).- El Gobierno del Principado ha puesto en marcha este jueves el programa ‘Alquilámoste’, que busca movilizar viviendas vacías de titularidad privada y destinarlas a alquiler a un precio asequible, previo acuerdo con sus propietarios, que recibirán seguridad y garantías, y a través de la empresa pública Vipasa.
Según detalla la resolución de la Consejería de Ordenación de territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos publicada este jueves en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), el número máximo de viviendas a incorporar se establece inicialmente en 150, aunque se podrá incrementar dado el carácter ampliable del crédito asignado al programa.
A modo orientativo, la resolución establece un cupo inicial de 120 viviendas en el área metropolitana central, de 27 en las cuencas mineras y valles interiores, y de 3 en concejos rurales en riesgo de despoblación.
Dentro del área metropolitana, el cupo máximo sería de 40 en Oviedo, 35 en Gijón, 15 en Siero, 13 en el conjunto de Corvera, Carreño y Gozón, 10 en Avilés, y 7 entre Llanera y Noreña.
En las cuentas mineras y valles interiores se establece un máximo inicial de 15 para Langreo y Mieres, y 13 para Laviana, San Martín del Rey Aurelio, Aller y Lena, mientras que el área de concejos rurales en riesgo de despoblación estaría compuesta por Cangas del Narcea, Tineo, Belmonte de Miranda, Cangas de Onís y otros con demanda acreditada.
Condiciones y renta
La iniciativa constituye una colaboración público-privada que convierte viviendas desocupadas en hogares activos, mediante una propuesta de acceso enfocada a personas físicas o unidades de convivencia con ingresos de entre 16.800 y 63.000 euros.
Vipasa ofrecerá la vivienda al solicitante, que dispondrá de 10 días hábiles para aceptarla, y tras tres rechazos consecutivos quedará excluido de la lista durante seis meses, aunque podrá volver a presentar la solicitud pasado ese tiempo.
La renta se fija de acuerdo con el informe técnico de valoración de la vivienda emitido por Vipasa, aplicando una reducción mínima del 10 por ciento sobre el canon abonado al propietario para garantizar un alquiler inferior al precio de mercado.
El decreto también establece que la suma de la renta y, en su caso, de los gastos repercutidos, como el IBI, no podrá superar el 30 por ciento de los ingresos de la persona arrendataria o de su unidad de convivencia. EFE
