Oviedo (EFE).- Los nueve miembros de la Brigada de Seguridad Minera que han declarado esta semana ante la comisión parlamentaria encargada de investigar el accidente que costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Cerredo el 31 de marzo han coincidido en señalar que las veces que entraron en ella vieron una explotación de carbón normal y corriente, con útiles y elementos habituales para la extracción o mantenimiento en la zona donde tuvo lugar la explosión.
No obstante, ninguno de ellos se ha aventurado a señalar si la maquinaria que había en el interior o los acopios de madera en la bocamina podían deberse a que se estaba sacando carbón de forma ilegal ya que la empresa que explotaba la mina, Blue Solving, solo disponía de un permiso para retirar maquinaria y material para chatarra, así como los acopios de mineral que pudiera haber en el interior de la explotación, cerrada desde 2018.
Tampoco observaron elementos que les hicieran sospechar que las condiciones de trabajo y seguridad que había en el interior de la mina no fuesen propias ni del «peor de los chamizos», palabras que utilizó la exconsejera de Industria Belarmina Díaz al referirse al estado en el que encontraron la explotación tras el accidente.
Algunos de ellos sí que ratificaron que al acceder al lugar en el que tuvo lugar la explosión en el nivel tercero, a casi un kilómetro de la entrada, apreciaron la existencia de dos huecos preparados para la extracción manual de mineral.
Huecos posteados de hasta 24 metros
Tras la explosión, los inspectores de Minas encontraron en el nivel tercero equipos de transporte de mineral, vagones, una locomotora, una pala hidráulica, equipos de ventilación, martillos neumáticos, madera y tubería, entre otros materiales, así como dos huecos posteados de más de 18 y 24 metros de longitud.
Paulino Huerta, especialista en tajo mecanizado, que accedió en varios ocasiones al piso tercero de la explotación acompañando a los expertos que participaban en la investigación del siniestro, también pudo constatar, «a lo que alcanza la vista», la existencia de los huecos, aunque aseguró no saber si de ellos se podía haber extraído carbón o si eran recientes.
En la misma línea, su compañero, Oliver Suárez, que forma parte de la brigada desde hace seis años, también reconoció que el día de la explosión pudo apreciar en la zona del accidente dos huecos de extracción de carbón en la parte superior izquierda de la galería.
El día del accidente el brigadista Mario Luis Gómez percibió que la explotación era una «mina de montaña de toda la vida con actividad», si bien afirmó que «viendo lo que hay fuera no se podría saber a ciencia cierta lo que se estaba haciendo dentro».
Con seis años de experiencia en la Brigada de salvamento, David Hevia declaró que no vio «nada tan desgraciado» en el interior de la mina como para que él no hubiese podido trabajar en ella, mientras que su compañero Cristian Menéndez advirtió que es difícil ocultar unas condiciones de seguridad propias de un chamizo.
Últimos testimonios
Los diputados que integran la comisión parlamentaria del accidente de Cerredo escucharon este miércoles el testimonio de los tres últimos brigadistas citados, que mantuvieron una posición similar a la trasladada por sus compañeros en días previos.
El jefe de la brigada, Iván Rodríguez, ha asegurado que el día de la explosión y en visitas posteriores observaron un «una mina de montaña en condiciones normales» y viable para la extracción de carbón, si bien ha incidido en que no se puede diferenciar si en aquellos momentos se estaba sacando mineral o se estaban haciendo labores de desmantelamiento «porque los equipos necesarios para ambos son similares».
Asimismo, ha advertido de que este asunto se encuentra inmerso en un proceso judicial abierto, con información bajo secreto de sumario y otra que los brigadista no saben si pueden comentar, por lo que todos los que han pasado por la comisión han optado por la prudencia en sus declaraciones.
Un exjefe de la brigada, Antonio Ortega, ha asegurado que las condiciones de seguridad de la explotación eran buenas y que él mismo podría haber trabajado ahí dadas las características que presentaba en la inspección que hizo a raíz de un accidente previo que tuvo lugar en agosto de 2022 y en el que un trabajador resultó fallecido y otro herido.
Siete meses después llevó a cabo esa inspección en el nivel sexto de la mina de Cerredo – la explosión tuvo lugar en el tercero casi tres años después-, y en esa planta las condiciones ambientales eran buenas, la galería estaba bien, salvo en un punto en el que había un hundimiento y tampoco vio condiciones extrañas de trabajo.
Uno de los vigilantes de la brigada, Raúl Raúl González, que con veinte años de experiencia lleva en la Brigada de Seguridad desde 2019 fue uno de los que entró el mismo día de la explosión, tmabién ha ratificado que Cerredo presentaba las «condiciones normales de una mina».
Próximas comparecencias
Tras los brigadistas, mañana declararán ante la comisión el alcalde de Degaña, Óscar Ancares, y la alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, mientras que al día siguiente lo hará el regidor de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella.
La próxima semana continuarán recabando testimonios entre responsables políticos y exconsejeros de Industria del Principado, entre ellos Berlarmía Díaz, que dimitió de su cargo tras las explosión de Cerredo.
No lo hará la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, que presidió también el Instituto para la Transición Justa en los años en los que se dieron las ayudas a la descarbonización, y que había sido citada para el día 21, ni la actual responsable del Instituto de Transición, Judit Carreras.
La comisión parlamentaria constituida a propuesta del PP y Foro, y apoyada por Vox y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que la preside, es una de las vías abiertas para tratar de esclarecer las causas del accidente en el que fallecieron los cinco mineros, todos ellos leoneses.
Además de la esta comisión, sigue abierta la vía judicial, en manos del Juzgado de Cangas del Narcea y se ha iniciado una auditoría por parte de la Inspección General de Servicios del Principado sobre el trabajo realizado desde el área de Minas de la administración autonómica, mientras que la Comisión Regional de Seguridad Minera lleva a cabo una investigación desde un punto de vista técnico. EFE
