Oviedo (EFE).- La Junta de Portavoces del parlamento asturiano ha aprobado este miércoles una declaración de apoyo a los 96 trabajadores de Ence en Navia que se enfrentan a un despido y pide a la empresa «la máxima responsabilidad, transparencia y voluntad de diálogo».
La propuesta, impulsada por el grupo parlamentario socialista, ha recabado el apoyo de todos los partidos, salvo el de Vox, que ha optado por la abstención.
A través de este acuerdo, la Junta General manifiesta su solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores de la factoría de Ence en Navia, así como con el conjunto de la plantilla, empresas auxiliares y sus familias, ante la decisión de la empresa de plantear el despido de 96 personas mediante un expediente de regulación de empleo.
La factoría de Navia constituye, según los grupos parlamentarios, un «elemento clave» del tejido industrial, económico y social del occidente de Asturias, al generar empleo directo e indirecto.
La Junta de Portavoces de la Junta General considera que la destrucción de empleo anunciada supone un «grave impacto social y económico» y entiende que decisiones de este calado «no pueden abordarse exclusivamente desde una lógica de ajuste empresarial, sino desde una responsabilidad social acorde con la relevancia de la actividad industrial y con el apoyo público recibido a lo largo del tiempo».
Por ello, el parlamento expresa su desacuerdo con el planteamiento del expediente de regulación de empleo y considera «imprescindible» que, en el marco del periodo de consultas, «se explore con rigor la existencia de alternativas reales que permitan evitar o reducir al máximo los despidos, priorizando el mantenimiento del empleo y la continuidad de la actividad industrial en Navia».
Asimismo, insta a la dirección de la empresa a que actúe con «la máxima responsabilidad, transparencia y voluntad de diálogo», facilitando toda la información «necesaria» y abordando una negociación «real y efectiva».
Estas conversaciones deben estar basadas en el «respeto» a las personas trabajadoras y a su representación legal, en las que se valoren medidas organizativas, productivas, de inversión y de mejora de la competitividad que «no tengan como salida principal la destrucción de empleo».
Los grupos parlamentarios reclaman, además, la implicación «activa» de las administraciones competentes para acompañar este proceso, favorecer vías de mediación y velar por la protección del empleo y del interés general.
Finalmente, hace un llamamiento a la «responsabilidad» y al acuerdo como «única vía para alcanzar una solución justa, socialmente responsable y respetuosa con el futuro industrial de Asturias».
Negociaciones entre Dirección y Comité
La declaración del parlamento asturiano se produce dos días después de que la dirección de la compañía trasladara al Comité de Empresa su intención de mantener el ERE, si bien ambas partes han acordado volver a verse la semana que viene.
Dirección y Comité de Empresa volverán a sentarse a negociar los días 9 y 11 de febrero y si se mantiene la falta de acuerdo podría convocarse una huelga indefinida tras los siete días de paros secundados hasta el pasado lunes, según advirtieron desde el órgano de representación sindical.
El Gobierno del Principado, que el lunes reclamó a la empres documentación adicional que justifique el ERE, ha advertido de que estará «muy vigilante» con la tramitación del expediente y el cumplimiento de la legalidad, a la vez que apeló a la responsabilidad de la empresa para evitar o minimizar el ajuste de plantilla.
