Oviedo 23 feb (EFE).- El que fuera máximo responsable de seguridad en las instalaciones de la mina de Cerredo entre noviembre de 2022 y marzo de 2023, Miguel Sánchez, ha asegurado que durante el tiempo en que ejerció estas labores «en ningún momento se hablaba de extraer carbón» del interior de la explotación ubicada en el municipio asturiano de Degaña.
Sánchez ha comparecido este lunes ante la comisión parlamentaria que trata de depurar responsabilidades políticas por el accidente del pasado 31 de marzo en la mina de Cerredo, en la que fallecieron cinco trabajadores, el más grave registrado en la minería asturiana en tres décadas.
La investigación apunta a que el siniestro se produjo por una explosión de gas grisú registrado en el nivel tercero de esta mina de montaña del suroccidente asturiano cuando once trabajadores se encontraban extrayendo carbón de su interior, a pesar de que la empresa Blue Solving carecía de permiso para hacerlo y solo podía retirar chatarra y acopios viejos de mineral.
«En el tiempo que estuve allí, que fueron cinco meses, no se habló de extraer carbón», ha señalado Sánchez, director facultativo de la explotación que en ese momento trabajaba para una empresa que fue contratada por Combayl, anterior concesionaria de Cerredo pero perteneciente al mismo entramado empresarial que Blue Solving, para una asistencia técnica.
Sánchez ha explicado que en el tiempo que ejerció estas funciones «no vio ningún tipo de actividad» minera y que algunos de sus trabajos se centraron en que Combayl pudiese reiniciar las labores de desimpactación paralizadas por la administración autonómica tras otro accidente en el que falleció un trabajador en agosto de 2022 y que fueron reactivadas en abril del 2023.
Previo a su testimonio, la comisión ha acogido la declaración de Estefanía Díaz, perteneciente a la empresa de ingeniería que diseñó los dos proyectos para desarrollar en Cerredo y que recibieron las ayudas del Instituto de Transición Justa (ITJ), quien ha asegurado que estos «no estaban vinculados» a una actividad minera y ha negado que existiera trato de favor de altos cargos políticos en relación a la tramitación de estas subvenciones.
Su mercantil elaboró los dos proyectos para la instalación de una planta de briquetas y una planta de recuperación de minerales estratégicos que concurrieron a las ayudas del ITJ, por valor de 1,5 millones de euros, y que fueron concedidas, si bien ninguna de ellas se cobró al ser revocadas tras el accidente minero.
Estas dos comparecencias han cerrado la ronda de intervenciones de la comisión parlamentaria que, a partir de ahora, tiene un plazo máximo de dos meses para presentar el borrador del dictamen tras analizar la documentación y las declaraciones realizadas a lo largo de las últimas semanas. EFE
