Oviedo (EFE).- El proyecto de ley de protección y defensa de las personas consumidoras y usuarias en Asturias «actualiza y fortalece» el régimen sancionador de manera que las infracciones en esta materia tengan consecuencias «proporcionales y disuasorias».
Así lo ha asegurado este lunes el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, durante la comparecencia informativa en la Junta General sobre esta normativa, con la que se quiere adaptar a la era digital la legislación vigente, que data de 2002, para reforzar la protección de la ciudadanía frente a las prácticas invasivas.
Con la nueva norma, se prevén multas de 150 a 10.000 euros para las infracciones leves, de 10.001 a 100.000 para las graves y de 100.001 a 1.000.000 para aquellas muy graves.
Además, el proyecto de ley incluye una cláusula excepcional de cuantía superior cuando la infracción, por su envergadura, produzca una alteración social grave, origine un riesgo para la salud o seguridad, o afecte a un gran número de personas.
En estos casos, la sanción podrá superar el millón y superar entre seis y diez veces el beneficio ilícito obtenido por la empresa.
«No se trata de sancionar por sancionar. Se trata de evitar que determinadas conductas puedan resultar rentables para quien las practica», ha indicado el consejero, quien ha defendido que cuando una empresa vulnera derechos de «forma reiterada o genera perjuicios graves para la ciudadanía, la respuesta pública debe ser firme».
Según ha reiterado Zapico, la norma «no es una ley contra nadie», ni «contra las empresas ni contra la actividad económica» tras apuntar que un mercado que funciona con «reglas claras, con transparencia y con respeto a los derechos de las personas consumidoras es también un mercado más justo y más competitivo».
«Las empresas que actúan correctamente, que cumplen la normativa y que ofrecen servicios de calidad no tienen nada que temer de esta ley. Al contrario, serán las primeras beneficiadas de un entorno económico en el que las malas prácticas no encuentren espacio», ha abundado.
Protección de los más vulnerables
El consejero ha explicado que el texto pretende reforzar los derechos de la ciudadanía asturiana en su condición de consumidores y consumidoras adaptando la legislación a una realidad económica y social que ha cambiado «profundamente» en las últimas décadas.
El texto refuerza la protección frente a prácticas comerciales abusivas o engañosas y, ante conductas de este tipo que vulneran los derechos de los consumidores, «la administración tiene la obligación de actuar».
También apuesta por fortalecer los servicios públicos de atención y defensa de las personas consumidoras y promueve que los concejos de más de 20.000 habitantes cuenten con Oficinas Municipales de Información al Consumidor.
La norma potenciará las funciones de inspección y control de la administración autonómica y prestará una atención especial a los colectivos más vulnerables en las relaciones de consumo.
En este sentido, el consejero ha señalado que personas mayores, personas con menor acceso a información o colectivos que pueden ser especialmente sensibles a determinadas prácticas comerciales deben contar con una «protección reforzada».
«No podemos ignorar que muchas estafas, muchas prácticas agresivas o muchos contratos abusivos afectan con mayor frecuencia a quienes tienen más dificultades para defenderse», ha indicado tras confiar en que el texto cuente con el «mayor consenso posible» para su aprobación.
Ante las sugerencias planteadas por algunas organizaciones como la Unión de Comerciantes de Asturias sobre la inconcreción de algunos términos recogidos en la norma, Zapico ha indicado que en el trámite de enmiendas el texto «seguramente se podrá mejorar». EFE
