Oviedo (EFE).- El Servicio de Minas del Principado llevó a cabo una actuación instructora «insuficiente e inadecuada» a la hora de acreditar la capacidad y solvencia de Combayl y Blue Solving, las dos empresas del mismo entramado familiar que explotaron en los últimos años la mina de Cerredo, en la que el 31 de marzo del pasado año fallecieron cinco trabajadores por una explosión de grisú.
También mantuvo «inactividad administrativa» en cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud de los trabajadores, la protección del medio ambiente y su restauración, y se caracterizó por la «ausencia de apertura, tramitación y finalización» de procedimientos relacionados con las solicitudes o documentación relativas a estas empresas.
Así se recoge en el informe elaborado por la Inspección General de Servicios del Principado, órgano encargado de velar por el buen funcionamiento de la administración autonómica, sobre el funcionamiento del Servicio de Minas que encargó el Gobierno asturiano a raíz del accidente de Cerredo.
El informe, hecho público este lunes, destaca también que Minas tampoco tuvo en cuenta el hecho de que Combayl, que traspasó los derechos de explotación a Blue Solving, -ambas forman parte del entramado societario del empresario leones conocido como Chus Mirantes-, estuviera entonces inmersa en dos procedimientos sancionadores, «uno de ellos por actividad clandestina en la misma explotación».
Asimismo, concluye que «no se ha conseguido conocer de forma clara y expresa» la calificación y el alcance de las actividades que ambas empresas podían realizar en la explotación porque Minas no hizo ni un informe técnico relativo a las mismas ni pidió aclaraciones a las memorias presentadas en cuanto a las toneladas de carbón, pese a que había discrepancias.
Especialmente grave
De «especialmente grave» tacha el hecho de que Blue Solving, a los dos días de hacerse con la titularidad de la mina, pidiese la conformidad de la administración asturiana al contrato de prestación de servicios que había suscrito con la anterior propietaria «para la realización por parte de esta última de todo tipo de trabajos de explotación/extracción de carbón en Cerredo».
Recepcionada dicha solicitud por parte de Minas, ésta no mostró «oposición o disconformidad a la legalidad de dicha contratación, en la que se evidencia la intención e inminencia de actividad extractiva» y sin que se hiciese inspección alguna a la mina hasta diez meses después.
Por este motivo, la Inspección ha enviado a la Fiscalía su informe y ha recomendado a la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo que realice las actuaciones necesarias para «determinar responsabilidades» relacionadas con la «ausencia, tanto de tramitación procedimental como de actuación inspectora».
No obstante, el consejero Borja Sánchez ha señalado durante la presentación del informe que no es el momento de hablar de responsabilidades políticas, sino de asumir y llevar adelante las once recomendaciones que ha planteado la Inspección General en su informe.
Conclusiones
El informe reconoce que hay una «elevada dificultad y complejidad de gestión» porque hay una normativa estatal obsoleta y no ha habido un desarrollo legislativo por parte del Principado, pero también que el Servicio de Minas ha perdido cinco puestos de trabajo en los últimos seis años, pese a que ha asumido tareas relacionadas con la restauración ambiental y la transición justa.
Además, pone de relieve que es preciso acometer una modernización de su sistema informático, y mejorar el proceso que se sigue en el procedimiento de autorización de las transmisiones de derechos mineros porque se producen pronunciamientos «carentes de motivación» y se dan sin que vayan acompañadas de proyectos de explotación y restauración.
En materia de control, reconoce que no hay aprobadas estrategias de inspección ni una regulación específica y que normalmente las inspecciones se hacen previo aviso y, en el caso de venir dadas por una denuncia, se desconoce con cuanta antelación se acuerdan las visitas, algo «determinante para la ocultación o alteración de los hechos denunciados».
En el caso concreto de Cerredo señala que las inspecciones se programaban a demanda de la empresa o previo acuerdo con los responsables de la mina, pero que se aprecia una «dilación injustificada» en la apertura de los procedimientos sancionadores, sin que haya causas que puedan justificar dicha demora.
En este punto, resalta que tras el accidente que en agosto de 2022 costó la vida a un trabajador, se determinó que había habido extracción ilegal de carbón pero que no se motivó y se pregunta por qué finalmente se consideró que había habido una «infracción grave» por la extracción de mineral sin autorización y no una «infracción muy grave por explotación clandestina» que podría haber derivado en una clausura definitiva de la mina.
Sobre los proyectos de investigación complementaria (PIC), como el que había solicitado Blue Solving en Cerredo, la Inspección General advierte de que, a falta de una regulación normativa, es la autoridad minera del Principado la que «procede unilateralmente a perfilar su naturaleza jurídica y fáctica» a la hora de dar los permisos y que este paso se da sin el suficiente respaldo o justificación documental.
En Cerredo, añade el informe, hubo una inspección el 8 de julio de 2024 en la que Minas señala que se están haciendo trabajos de recuperación y acondicionamiento relacionados con el PIC pese a que la empresa aún no había presentado el plan de labores para el primer año, condición indispensable para que pudiese iniciarse esa actividad.
El informe plantea también la necesidad de mejorar la coordinación con otros servicios de la administración a la hora de tramitar denuncias como las que se recibieron antes del accidente por la posible actividad ilegal de la mina de Cerredo. EFE
