Oviedo (EFE).- El Partido Popular considera que en el Servicio de Minas del Principado había un «caos teledirigido» que se ha aprovechado de la estructura de Gobierno para llevar a cabo «actuaciones ilegales» de las que algunos han sacado beneficio y se han enriquecido.
«Paree que el caos estaba teledirigido, que tenía como objetivo la acción basada en la omisión, medio en el que se movían intereses posiblemente basados en actuaciones ilegales», ha señalado el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, a raíz del informe que la Inspección General de Servicios hizo sobre la autoridad minera.
El informe señala que el Servicio de Minas del Principado llevó a cabo una actuación «insuficiente e inadecuada» a la hora de acreditar la capacidad y solvencia de Combayl y Blue Solving, las dos empresas del mismo entramado familiar que explotaron en los últimos años la mina de Cerredo, en la que el 31 de marzo del pasado año fallecieron cinco trabajadores por una explosión de grisú.
También apunta a que hubo «inactividad administrativa» en cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud de los trabajadores, la protección del medio ambiente y su restauración, que las inspecciones que se llevaban a cabo en Cerredo se hacían de acuerdo con la empresa y que la administración no prestó atención a contratos en los que se reconocía que iban a extraer carbón.
Sobre los proyectos de investigación complementaria (PIC), como el que había solicitado Blue Solving en Cerredo, advierte de que es la autoridad minera del Principado la que «procede unilateralmente a perfilar su naturaleza jurídica y fáctica» y que esta figura se utilizó para eludir el plan de cierre de la minería del carbón.
Según Queipo, del informe se desprende que «es más que evidente que los PIC se utilizaron para saltarse el corsé legal y es conveniente que alguien aclare si se usaron como instrumento para alimentar el caos que había en Minas».
Para el presidente de los populares asturianos, el caos al que apunta el informe es demasiado hasta para el Gobierno de Adrian Barbón, por lo que parece que estaba buscado para «poder hacer la vista gorda y que algunos pudieran sacar beneficio con actividades ilegales».
En su opinión, responsables de este caos son los exconsejeros que en el periodo analizado por el informe tuvieron minas entre sus competencias: el actual presidente de Hunosa, Enrique Fernández; la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, y Belarmina Díaz, que dimitió once días después del accidente.
«Parece que ha habido premios a una acción que ha favorecido el enriquecimiento de algunos», ha añadido Queipo en una rueda de prensa en la que ha asegurado que «hay responsabilidades políticas» que tienen que aclararse, caiga quien caiga, aunque sea el presidente del Principado.
Reactivar la comisión
Según Queipo, el presidente del Principado, Adrián Barbón, también es responsable y tiene que «dejar de esconderse y dar la cara» por lo que su grupo parlamentario y Foro han acordado pedir la celebración de un pleno extraordinario en la Junta General para que el propio presidente de explicaciones sobre el informe «aunque le resulte incómodo».
El PP también va a pedir que se reactive la comisión de investigación constituida en el parlamento asturiano a raíz del accidente de Cerredo, que hace semanas cerró el periodo de comparecencias y se encuentra elaborando el borrador del dictamen.
Según Queipo, a raíz de este extenso informe se hacen necesarias nuevas comparecencias para aclarar algunos de los extremos que en él se incluyen porque sería conveniente que el dictamen final cuente con todos los mimbres.
