Oviedo (EFE).- El Gobierno asturiano recuperará en un plazo de dos meses el Servicio de Seguridad Minera, suprimido en 2019 con la práctica liquidación del sector carbonero, y desarrollará un programa de inspecciones en las empresas que no recibirán aviso previo como venía ocurriendo desde hace décadas y mejorará los procedimientos de seguimiento de las denuncias recibidas en ese ámbito.
Así lo ha anunciado este miércoles el presidente del Principado, Adrián Barbón, tras analizar el informe de la Inspección General de Servicios sobre el accidente en el que fallecieron cinco trabajadores en la mina de Cerredo que refleja que Minas hizo una instrucción «insuficiente» al acreditar la solvencia de las empresas que la explotaban y que pudo utilizar la figura del ‘proyecto de investigación complementaria» (PIC) para autorizar la extracción de carbón y eludir así la aplicación del cierre de la minera no competitiva.
Según Barbón, el accidente no se habría producido si no hubiera habido una empresa que «de manera ilegal» incumplió todas las normativas de seguridad y que carecían de permiso para extraer carbón realizando «una actividad clandestina» que ha constatado la necesidad de «regenerar» en su conjunto el Servicio de Minas como ya hizo al desgajar la Consejería de Industria tras la dimisión de su anterior responsable.
La modificación de la estructura administrativa que supuso suprimir el Servicio de Seguridad Minera pasó «todos los filtros» previos, ha señalado, y, por tanto, ni fue objeto de debate en el seno del Consejo de Gobierno que aprobó el cambio a partir de la idea de que el fin del carbón subvencionado supondría menor carga de trabajo, aunque las labores de restauración e investigación generaron nuevas tareas.
Las medidas que llevará a cabo el Principado, que van «más allá» de lo que plantea el mencionado informe, según Barbón, contemplan además un mayor control de la transmisión de derechos mineros a través de una instrucción por la que será imprescindible determinar su motivación, así como la solvencia técnica y económica de las empresas tras lo ocurrido entre Blue Solving y la anterior titular de la mina de Cerredo.
También se elaborará otra instrucción para gestionar con más rigor los denominados Proyectos de Investigación Complementaria, una figura que pudo utilizarse por el Servicio de Minas para autorizar la extracción de carbón eludiendo la ley y que ya no será autorizada si conlleva recolección de material.
«Orden estricta» de acudir a Fiscalía
Barbón ha asegurado también que ha dado la «orden estricta» de acudir «inmediatamente» a Fiscalía si en la investigación interna del Principado se detecta cualquier indicio de la comisión de un delito y ha matizado que «una cosa es una actuación negligente de la administración o una interpretación en derecho que no es correcta según la Inspección de Servicios y otra cosa muy diferente es la comisión de un delito».
En este sentido, ha exigido al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, que acuda a Fiscalía si tiene pruebas o conocimiento de alguna irregularidad en el Servicio de Minas para el enriquecimiento o beneficio de algunos, como sugirió ayer el líder popular, cuyo partido, junto a Vox y Foro, ha criticado a Barbón por recuperar ahora el Servicio de Seguridad Minera que su Gobierno suprimió en 2019.
La oposición le ha reprochado además que eluda dar explicaciones sobre los problemas detectados por la Inspección General de Servicios en un pleno extraordinario que han renunciado a solicitar ante la decisión del Gobierno de que en la sesión únicamente compareciese el consejero que gestiona las competencias mineras. EFECOM
