Oviedo, 21 abr (EFE).- El dictamen provisional de la comisión parlamentaria que investiga el accidente que hace poco más de un año costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Cerredo considera que tres exconsejeros y un exviceconsejero de la etapa de Gobierno de Adrián Barbón y tres altos funcionarios del Servicio de Minas deben ser reprobados por sus responsabilidades personales y políticas en dicho accidente.
La presidenta de la comisión y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha hecho púbica hoy la propuesta de dictamen que ya ha trasladado al resto de grupos parlamentarios, que ahora podrán presentar sus aportaciones durante los próximos diez días antes de que éste sea objeto de negociación y pase a ser definitivo en el plazo aproximado de un mes.
Según este borrador, el accidente del 31 de marzo de 2025 «fue la culminación de una cadena de decisiones administrativas deficientes, omisiones de control y una extracción clandestina deliberada y duradera que se pudo y se debió detectar y prevenir» porque además los «indicios de actividad ilegal eran perceptibles para cualquier observador diligente».
Para Tomé, por lo tanto, aunque la responsabilidad primera corresponde a quienes ordenaron la extracción clandestina de carbón, también hay responsabilidades administrativas inequívocas porque se dieron autorizaciones sin suficientes controles, se aprobaron figuras jurídicas sin cobertura normativa, como los proyectos de investigación complementaria (PIC), se avisaba a las empresas de las inspecciones y no ejecutaba expedientes sancionadores.
Responsabilidades políticas y personales
Entre los que considera responsables políticos se encuentran los tres exconsejeros que tuvieron responsabilidades en materia de minería durante la etapa e Gobierno de Adrián Barbón: Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa; Nieves Rorqueñí, ahora presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, y Berlarmina Fernández, quien dimitió de su cargo tras el accidente de 2025.
También apunta a Isaac Pola, que además de haber sido consejero durante la etapa de gobierno de Javier Fernández, fue viceconsejero de Industria con Adrián Barbón, así como director general de Minas.
A todos ellos les considera responsables de mantener una estructura organizativa y de inspección insuficiente para el adecuado control de actividades mineras y de no haber llevado a cabo una supervisión política reforzada sobre el expediente de una mina en el que ya había habido un accidente mortal.
En el caso de Belarmina Díaz, exdirectora general de minas entre 2017 y 2019 y consejera en el momento del accidente, cuestiona también que autorizase y firmase cuatro autorizaciones a pesar de que dos de ellas eran «materialmente incompatibles entre sí» y que permitieron la continuidad de actuaciones extractivas en un contexto de cierre.
También la considera responsable de haber otorgado transmisiones mineras «sin que conste una comprobación suficientemente rigurosa y reforzada», de no haber activado mecanismo extraordinarios de control y de haber contribuido «por acción u omisión» a consolidar la figura de los proyectos de investigación complementaria (PIC).
También ve responsabilidades personales en tres altos funcionarios del Servicio de Minas: Alberto Quirino Vázquez, jefe de sección, por realizar inspecciones en las que no se percató de la existencia de indicios de actividad extractiva ilegal; Santiago Berjano Serrano, jefe de servicio, por validar las acatas del inspector sin cuestionar la metodología; y Gonzalo Martín Morales, asesor jurídico, como «promotor intelectual y tutelador» de la figura de los PIC, figura no regulada por la Ley de Minas.
Todos ellos, según la presidenta de la comisión, deberían ser cesados por su responsabilidad en este accidente que, según señala en su borrador, podría haberse evitado porque había una «absoluta incompatibilidad» entre el proyecto de cierre de la mina que se firmó en 2019 y el posterior proyecto de restauración autorizado dos años después, con el proyecto de investigación complementaria autorizado en 2024 «que pretende utilizar de manera torticera una actividad extractiva que estaba totalmente prohibida».
Responsabilidades institucionales
La presidenta de la comisión también considera que hay responsabilidades institucionales de la administración del Principado ya que en el cambio de titularidad de la mina entre Combayl y Blue Solving, sociedades del mismo entramado familiar de Chus Mirantes , no se exigió o verificó la solvencia técnica y económica de las empresas.
«La administración incumplió su función de control de acceso al dominio público minero», lo que constituye una infracción del deber legal de diligencia, señala el borrador, en el que también advierte de que la administración no activó el proceso sancionador derivado del hecho de que Blue Solving no hubiese presentado la garantía financiera a la que estaba obligada.
Además, cuestiona el uso dado a los PIC , «figura que no tiene definición ni regulación expresa en la normativa de minas» y que se hubiese otorgado uno a la mina de Cerredo «en abierta incompatibilidad» con resoluciones anteriores que decretaban el cierre de la explotación.
Alude además a la existencia de incoherencias sistémicas en la gestión de autorizaciones mineras, a la existencia de deficiencias estructurales en el sistema de inspecciones, y al incumplimiento de la ordenación documental de expedientes administrativos.
Sobre este último punto, Tomé ha señalado que la comisión Cerredo recibió 1.339 ficheros que no responden a la definición de expediente administrativo y que la falta de orden, numeración y coherencia documental aportada desde el Principado dificultó «gravemente» el trabajo de los parlamentarios.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones que hace, a corto plazo, plantea una moratoria total sobre los PIC y la revisión de oficio de todos los que estén actualmente en vigor, iniciar un procedimiento sancionador a Blue Solving por no haber presentado la garantía financiera de 3,1 millones que se le exigía e iniciar el procedimiento para la declaración de caducidad de la concesión minera que tiene.
También requiere la reorganización y digitalización ordenada de todos los expedientes administrativos relacionados con la mina de Cerredo, recomienda que desde el Principado se anticipen las indemnizaciones a las víctimas y familiares, a cuenta de las que puedan obtener de procedimientos judiciales, y plantea que el dictamen final se remita al Ministerio Fiscal por si de él pueden derivarse responsabilidades penales.
A más largo plazo recomienda implantar un sistema de inspecciones sorpresa y planificadas, elaborar un plan de inspección anual, cruzar los datos operativos con registros portuarios y lavaderos de carbón, revisar la relación de puestos de trabajo del Servicio de Minas, mejorar la coordinación entre los agentes de Medio Natural y la Inspección Minera, desarrollar una normativa minera autonómica y mejorar la rendición de cuentas en el sector minero. EFE
