Oviedo (EFE).- Los abogados que defendieron al matrimonio juzgado por aislar a sus tres hijos en una casa a las afueras de Oviedo durante casi tres años y medio están «moderadamente satisfechos», han apuntado a EFE los letrados.
Los abogados han valorado que la Audiencia Provincial de Oviedo haya descartado el delito más grave que se imputaba al matrimonio, el de detención ilegal, por el que afrontaban 21 años de cárcel, al entender que su conducta no estaba «dolosamente dirigida a privar de libertad a los menores, sino que obedecía a una dinámica de aislamiento familiar».
No obstante, han expresado su discrepancia con las condenas por maltrato psíquico y abandono de familia al entender que el asunto debía haberse abordado fundamentalmente desde el ámbito social y asistencial, y no desde el derecho penal, por lo que estudiarán un posible recurso.
La condena
La Audiencia Provincial ha condenado al matrimonio a penas individuales de dos años y diez meses de prisión por un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y otro de abandono de familia, mientras que les ha absuelto del delito de detención ilegal del que estaban acusados.
Los progenitores, un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad, alemana y estadounidense, estarán inhabilitados durante tres años y cuatro meses para ejercer la patria potestad o tutela, tiempo durante el que tampoco podrán comunicarse con ellos, y en concepto de responsabilidad civil deberán indemnizarles a cada uno de ellos con 30.000 euros.
La Fiscalía, que aún no ha anunciado si recurrirá el fallo, solicitaba para cada uno de los progenitores, que fueron juzgados a puerta cerrada el pasado mes de marzo, un total de 25 años por los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, abandono de familia y detención ilegal.
Los niños, dos gemelos que ahora tienen 9 años, y su hermano mayor, de 11, que estuvieron encerrados en una casa unifamiliar en las afueras de Oviedo entre diciembre de 2021 y abril de 2025, se encuentran bajo la tutela de los servicios sociales del Principado. EFE
