Oviedo (EFE).- Los mineros de Mina Miura han completado este miércoles una marcha de seis etapas y 150 kilómetros entre la explotación ubicada en Tormaleo (Ibias), en el suroccidente asturiano, y Oviedo para llevar hasta el parlamento autonómico sus reivindicaciones ante el impago de sus salarios y la paralización de la actividad por parte del nuevo propietario.
Los cuatro mineros, que iniciaron la marcha el pasado viernes tras un encierro en el interior de la mina a 300 metros de profundidad que se prolongó durante quince días, han completado la hoy la última etapa entre la localidad de Grado y la capital asturiana, adonde han llegado acompañados de cientos de personas.
Tras recorrer algunas de las principales calles del centro de Oviedo, entre aplausos y numerosas muestras de cariño de los ciudadanos, los mineros han sido recibidos a las puertas de la Junta General del Principado por el presidente de esta institución, Juan Cofiño, y representantes de todos los grupos políticos, con los que han mantenido una reunión.
A las puertas del parlamento, los mineros han reclamado al nuevo propietario de la mina que adquirió los derechos mineros el pasado mes de octubre el pago inmediato de la totalidad de las nóminas y atrasos adeudados y la intervención directa del Ejecutivo asturiano para mediar en este conflicto de manera «resolutiva, agotando todas las vías administrativas y legales contra el incumplimiento empresarial».
A través de la lectura de una manifiesto, los trabajadores han pedido garantías de futuro para los mineros y que se impida que «los vacíos legales o la mala gestión empresarial recaigan, una vez mas, sobre las espaldas de la clase obrera» y han denunciado «la desesperación de vivir sin salarios».
Los mineros, que también se han reunido con el jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, reclaman el mantenimiento de la actividad en una explotación, que, según remarcan, «siempre ha sido rentable».
El Servicio de Minas del Principado de Asturias decidió la semana pasada elevar a muy grave la infracción en materia de seguridad cometida por la empresa Carbones La Vega, propietaria de Mina Miura, lo que conlleva una multa de 30.000 euros.
Según la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, esta propuesta de sanción se plantea tras la visita realizada el pasado 30 de abril al yacimiento por dos inspectores, en la que acreditó que la empresa no garantizaba la seguridad y no disponía de director facultativo, pese a que varios trabajadores permanecían en el interior de la explotación. EFECOM
