Oviedo (EFE).- El Gobierno de Asturias ha autorizado este lunes la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para que se declare nula la decisión adoptada en el año 2000 de prorrogar hasta 2050 el peaje de la Autopista del Huerna (AP-66), después que el Ministerio de Transportes desestimase la acción de nulidad planteada por la administración autonómica.
El Ejecutivo asturiano ha dado luz verde al inicio de las acciones legales contra el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 14 de abril, que inadmitió la solicitud del Principado para proceder a la revisión de oficio de la prórroga del peaje de la autopista.
El recurso del Ejecutivo, que tiene como plazo para presentarlo hasta el día 15, se suma a los promovidos ante el Supremo por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y las patronales del transporte del Principado (ASETRA-CETM Asturias, ASTRA, CESINTRA, ASVIPYMET y CAR) ante la negativa del Gobierno a revisar la prórroga del peaje del Huerna que habían solicitado.
Según el Gobierno del Principado, esta iniciativa responde a la defensa rigurosa de la legalidad ante una decisión, la de la prolongación del canon, que presenta indicios fundados de «nulidad radical».
La Alianza por las Infraestructuras que Asturias Necesita acordó la presentación del recurso por unanimidad en su última reunión del 23 de abril, tras el dictamen de la Comisión Europea que acredita «irregularidades» en el proceso de tramitación de la prórroga aprobada en el año 2000 por un gobierno del Partido Popular.
Fundamentos jurídicos «sólidos»
Esa prórroga constituye, a juicio del Ejecutivo autonómico, una modificación sustancial del contrato original con la concesionaria de la autopista del Huerna, dado que amplía en 29 años su duración y altera «de forma significativa sus condiciones económicas en favor de la empresa».
De acuerdo con la jurisprudencia consolidada de la Unión Europea, este tipo de modificaciones exige una nueva adjudicación, por lo que debería haberse sometido a un proceso de licitación pública con «plenas garantías de transparencia, igualdad y libre concurrencia, requisitos que no se cumplieron en este caso», según el Gobierno del Principado.
El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha comentado que trasladar esta cuestión el ámbito del Supremo permitirá que se pronuncie «sobre el fondo» de la cuestión para que se pueda «conocer la verdad de lo que sucedió de una vez por todas» sobre la prórroga.
Asimismo, ha asegurado que el recurso se plantea de «manera complementaria» al procedimiento de infracción que se está tramitando en el ámbito europeo y que ha esperado avance «con la máxima diligencia» de manera que llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
«Queremos que la instituciones europeas puedan pronunciarse cuanto antes. Ese es el camino más rápido para restablecer la legalidad», ha señalado el consejero, quien ha destacado que el Gobierno del Principado cuenta con «fundamentos jurídicos sólidos» en este proceso.
Líneas de trabajo
El Gobierno del Principado desarrolla una labor coordinada con las instituciones europeas para afrontar una revisión de fondo del proceso en el que modificaron las condiciones de la concesión para ampliar su vigencia durante 29 años más.
También ha abierto colaboración con las administraciones de Galicia y Castilla y León para abordar de forma coordinada acciones que permitan acabar con los pagos, tanto en la AP-66, como en la AP-9 (autopista del Atlántico, en Galicia).
En este punto, Calvo ha avanzado que este jueves se producirá un encuentro en Santiago de Compostela para avanzar con estas comunidades «en una posición compartida en el ámbito público y administrativo».
En paralelo, el Principado ha impulsado actuaciones específicas para reclamar la suspensión del cobro del peaje o la aplicación de mecanismos de compensación ante la merma en la calidad del servicio provocada por las obras que se realizan en diferentes puntos de autopista del Huerna, dado que la concesionaria mantiene íntegro del coste del canon.
Calvo ha insistido en que el Gobierno «defenderá los intereses de Asturias ante todos y ante todo y con un aval jurídico sin precedentes» dado el agravio que supone que los usuarios de esta vía vuelvan a pagar entre 2021 y 2025 «ocho veces más el valor de esta infraestructura». EFE
