Oviedo (EFE).- El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha declarado, a propuesta del Gobierno del Principado, doce zonas tensionadas en los concejos de Gijón, Avilés, Llanes, Gozón y Cabrales con el objetivo de contener los precios de los alquileres.
El listado, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, está formado por los barrios gijoneses de Cimadevilla y La Arena; Luanco, en Gozón; el barrio de La Magdalena, en Avilés; Arenas y Po, en Cabrales, y los núcleos urbanos de Llanes y de Posada de Llanes, así como las localidades llaniscas de Po, Barro, Celorio y Nueva.
Estas áreas, a las que se les aplicará la medida durante tres años, conforman la primera fase de declaración de zonas tensionadas en Asturias, según lo dispuesto por la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que ahora iniciará las labores de seguimiento y control.
Vivienda también ha publicado hoy la declaración de Santiago de Compostela (Galicia) y Basauri (País Vasco) como nuevas zonas tensionadas.
Con ello, se elevan a 317 las localidades consideradas como zonas tensionadas, lo que se extiende a 9,3 millones de personas en las comunidades autónomas de Asturias, Galicia, País Vasco, Navarra y Cataluña, según ha apuntado el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez en un comunicado.
La declaración de zonas tensionadas busca limitar los precios del alquiler para facilitar el acceso a la vivienda.
El ministerio ha destacado que los datos públicos «demuestran que la medida funciona», ya que «se reducen y contienen los precios de los alquileres a la vez que el número de contratos en vigor continúan aumentando».
Para ello, se establecen topes en el precio de los nuevos contratos de alquiler basados en índices de referencia oficiales como el Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler (SERPAVI).
De esta forma, desde mañana, todos los nuevos contratos del alquiler han de estar referenciados al precio del contrato anterior, lo que, según Vivienda, evita los incrementos «desproporcionados» que han ocurrido hasta la fecha.
Además, se establece la obligación de que las administraciones públicas ejecuten un plan de medidas urgentes para incrementar la oferta de alquiler para que en el plazo de tres años la situación del mercado del alquiler haya sido revertida. EFE
