Oviedo (EFE).- El Gobierno asturiano prevé retomar a partir de septiembre el programa de batidas contra el lobo para reducir los daños que causa esta especie en las ganaderías extensivas con la autorización para abatir un máximo de 67 ejemplares, una cifra que considera adecuada para compatibilizar la conservación de la especie con el mantenimiento de las explotaciones.
Este programa anual de control, incluido en el II Plan de Gestión del Lobo, se aplicará sobre una población estimada de entre 412 y 460 ejemplares en el Principado y contempla actuaciones diferenciadas en ocho áreas de la región en función de los daños registrados durante 2025.
Así, según ha informado el Gobierno asturiano, la mayor extracción prevista corresponde a las zonas Centro-oriental de la región, con nueve ejemplares, y El Palo-Esva, Centro-occidental y Central, con ocho cada una, mientras que se permitirán siete en la zona Noroccidental, cuatro en la Suroccidental y cinco en la comarca de Picos de Europa, fuera del Parque Nacional.
En las áreas sin gestión específica se autorizará la eliminación de hasta 18 animales, una cifra que podría incrementarse si fuera necesario, mientras que los controles se desarrollarán principalmente entre enero y abril y entre septiembre y diciembre aunque podrán realizarse actuaciones puntuales durante el resto del año cuando haya ejemplares que causen daños reiterados.
Recechos y batidas
Entre los métodos previstos figuran aguardos o recechos selectivos realizados por agentes medioambientales o personal autorizado, actuaciones de apoyo durante cacerías autorizadas de otras especies y, cuando sean necesarias, batidas coordinadas por agentes medioambientales.
Según los datos del último censo elaborado por el Principado, el lobo ocupa actualmente el 83 por ciento del territorio asturiano, con unos 8.300 kilómetros cuadrados de distribución y 50 manadas identificadas, de las que 46 son reproductoras.
En 2025 se confirmaron ataques sobre 3.893 cabezas de ganado, un 30 por ciento más que en 2021, mientras que las indemnizaciones se elevaron a 1,9 millones de euros, un 59 por ciento más que cuatro años antes.
