Bruselas (EFE).- El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha insistido este miércoles en que la Comisión Europea ha determinado «la ilegalidad» del peaje de la autopista AP-66 (Huerna), entre Asturias y León, y por ello «tiene que revocarse».
Barbón, que esta semana mantiene una agenda de trabajo con autoridades comunitarias para abordar asuntos de interés para el Principado de Asturias, ha remarcado que esa es la posición que su Gobierno sigue manteniendo ante la Comisión Europea.
La Comisión Europa, ha recordado, ha dictaminado que la prórroga acordada en el año 2000 por el Gobierno del PP de José María Aznar «fue ilegal, ajena a derecho», y «por tanto tiene que revocarse».
Recurso del ministerio
Barbón se ha expresado en estos términos el mismo día en que el Ministerio de Transportes y de Movilidad Sostenible ha presentado un recurso frente al procedimiento de infracción iniciado por la Comisión Europea por la prórroga del peaje hasta el año 2050.
Fuentes del ministerio han apuntado que esta misma mañana se ha remitido «una respuesta amplia» a la Comisión Europea en la que España aporta «las aclaraciones precisas y la información justificativa a tener en cuenta a la hora de que se pueda realizar una valoración siempre en defensa de los intereses generales» del país.
Tras conocerse el ultimátum el pasado 17 de julio, fuentes ministeriales ya avanzaron que Transportes agotará «las opciones de respuesta, además de la posibilidad, llegado el caso, de interponer los correspondientes recursos».
Petición del Principado
También hoy, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha anunciado que el Gobierno del Principado se ha dirigido formalmente a la Comisión Europea para pedirle que continúe con el procedimiento de infracción abierto con el fin de alcanzar la supresión del peaje.
Para ello, el Principado podrá a disposición «toda la información y documentación técnica» de la que dispone y que «puede ser útil», ha dicho Calvo.
El consejero ha remarcado que se trata de «una situación que no debe durar más» y «que hay que aprovechar esta oportunidad de una vez por todas», aunque ha precisado que «el procedimiento todavía tiene recorrido».
La Comisión Europea dio el pasado mes de julio un ultimátum a España en el que advertía de que la llevará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no modifica las concesiones de los peajes de las autopistas AP-9 y AP-66 porque a su entender son contrarias a las normas europeas de licitación pública.
España extendió las concesiones a la AP-9 (Galicia) y a la AP-66 (que une Asturias y León) por 25 y 29 años respectivamente y después vendió las concesionarias sin haber abierto un proceso de licitación ni haberlo publicado en el Diario Oficial de la UE, tal como exige la directiva sobre contratos públicos, según el dictamen de la Comisión Europea. EFE
