Oviedo, 29 sep (EFE).- UGT y CCOO han traslado este lunes su apoyo a la reforma fiscal que el Gobierno pretende aprobar antes de que finalice el año para poder aplicarla con carácter retroactivo y que sea efectiva, por lo tanto, en la declaración del IRPF del próximo año, si bien han advertido de que debe profundizarse en la progresividad.
Así lo han señalado el secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico y la secretaria de Política Sindical de UGT, Mar Celemin, ante la Comisión de Hacienda de la Junta General del Principado, ante la que también han comparecido el decano del Colegio de Economistas de Asturias, Abel Fernández, y el profesor de Hacienda Pública y Sistema Fiscal Español de la Universidad de Oviedo, Santiago Álvarez García.
Estos dos últimos economistas han coincidido en que cualquier medida que reduzca la tributación de los contribuyentes es bienvenida, si bien han alertado de que las planteadas por el Gobierno tienen un menor efecto en el poder adquisitivo que si se hubiese optado por deflactar el IRPF para compensar la elevada inflación de los últimos años.
El proyecto de reforma aprobado por el Ejecutivo asturiano hace dos meses, y que se está tramitando ya en el parlamento autonómico para su aprobación, rebaja un punto el tipo que se aplica al primer tramo del IRPF, que pasa del 10 al 9 por ciento, sube medio punto, hasta el 26 por ciento, el gravamen a rentas de más de 175.000 euros, e incrementa el mínimo personal y familiar exento, que no se modificaba desde 2015.
Además plantea otra modificación en el impuesto de transmisiones patrimoniales para aplicar un gravamen del 15 por ciento a la venta de inmuebles cuando el adquirente sea una persona física o jurídica que tenga la consideración de gran tenedor.
Compensar la inflación
Según el decano del Colegio de Economistas, con una deflactación del IRPF el ahorro fiscal para las rentas de 25.000 euros hubiese sido de unos 205 euros, más que con la reforma planteada por el Gobierno de Adrián Barbón, que supone un beneficio de 124 euros.
Asimismo, ha señalado que no cree que el incremento de la presión fiscal para rentas de más de 175.000 euros vaya a favorecer su marcha a otra comunidades «porque normalmente tienen otros métodos para, en cierto modo, eludir la presión fiscal» y que el gravamen que se va a aplicar a los grandes tenedores de vivienda «no supondrá un aumento significativo de la recaudación» ni servirá para aliviar el problema, que no se arregla con medidas fiscales.
Fernández también ha asegurado que no entiende en qué consiste la llamada vía fiscal asturiana ya que, si bien es cierto que el Principado es una de las comunidades con mayor número de deducciones en el IRPF, un total de 26, también es cierto que muchas otras comunidades como Aragón, Canarias o Castilla-La Mancha se mueven en cifras similares.
Para Álvarez García, lo más positivo de la reforma es la actualización de los mínimos exentos, aunque ha advertido de que no servirá para compensar la pérdida de poder adquisitivo que ha supuesto la alta inflación de los últimos años.
En su opinión, el Gobierno debería haber aprovechado la revisión de los tramos impositivos para evitar los problemas de la progresividad en frío, como han hecho otras comunidades y no debería haber incrementado la presión fiscal a las rentas más altas porque es una medida con «efectos recaudatorios bajos» que, sin embargo, puede «generar un problema de deslocalización».
También ha puesto en duda la efectividad del gravamen previsto para los grandes tenedores de vivienda, una medida que considera «más cosmética que efectiva» porque normalmente se dedican al segmento de casas más caras y, por lo tanto, no va a repercutir en que haya más vivienda a precios asequibles.
Más progresividad
Desde UGT, sin embargo, Celemín ha respaldado el proyecto del Gobierno y unas modificaciones que caminan hacia una mayor progresividad y que concentra los beneficios en las clases medias y trabajadoras que vienen sufriendo una tensión inflacionista significativa y que verán «cierto alivio en su poder adquisitivo» .
Ha calificado de lógico que las rentas más altas tengan que hacer un mayor esfuerzo fiscal, si bien ha advertido de que esta reforma debería haberlo hecho también en mayor medida con las que se encuentran por debajo de los 175.000 euros.
En cuanto al gravamen aplicado a los grandes tenedores de vivienda, ha reconocido que no es la solución al problema existente, «pero sí una forma de revertir de alguna forma a las arcas públicas los beneficios de quienes actúan en el mercado de la vivienda con fines especulativos».
Zapico también ha mostrado su apoyo a una reforma que beneficia fundamentalmente a las clases trabajadoras, ha incidido en que hay que brindar la progresividad fiscal y que son necesarios impuestos justos que permitan la redistribución de la riqueza.
No obstante, ha advertido de que hay que tomar más medidas para «garantizar un sistema tributario realmente progresivo y justo», que es preciso revisar las exenciones fiscales a las grandes empresas «que tienen que pagar también la parte de la factura que les corresponde», y que el aumento de la presión a los grandes tenedores de vivienda es una medida oportuna. EFE
