Oviedo (EFE).- El director de TYC Narcea, Gonzalo Piñuelo Otero, ha afirmado este viernes que la empresa propietaria de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, lleva cinco años trabajando bajo un proyecto de investigación complementaria y que, en cada autorización concedida durante ese tiempo, el Principado ha reconocido por escrito que opera sobre una unidad productiva distinta a la antigua empresa.
Piñuelo ha remarcado que, por tanto, no le resulta de aplicación la normativa del cierre de la minería y que la empresa «sigue sin entender el motivo del cambio de criterio por parte de la administración autonómica».
El director de TYC Narcea ha iniciado este viernes con el PP una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para abordar la situación en que se encuentra, después de que el Instituto para la Transición Justa (ITJ), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, haya dictado una resolución provisional en la que reclama a la empresa la devolución de más de 31 millones de euros si quiere mantener abierta la explotación y continuar su actividad.
Tras mantener un encuentro con el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y con el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, Piñuelo ha indicado que la compañía se encuentran dentro del plazo para enviar alegaciones a la propuesta de resolución del ITJ y alegar que no debe devolver ayudas al tratarse de otra unidad productiva.
Por su parte, Álvaro Queipo ha sostenido que el ITJ se basa en una «información errónea» de la Abogacía del Estado, que confunde la unidad de producción sujeta al cierre minero con la que actualmente explota TYC Narcea.
El presidente del PP de Asturias ha pedido que la administración «mantenga la postura expresada por escrito durante los últimos cinco años».
Ronda de encuentros
Además, ha dicho que la única administración con competencia para autorizar o no la explotación es el Principado de Asturias, por lo que la decisión si se cierra o no la mina corresponde en exclusiva al Gobierno de Barbón, ha afirmado.
Queipo ha advertido de que, si finalmente no se concede la autorización y la empresa reclama responsabilidades, el coste para las arcas del Principado podría rondar entre 30 y 40 millones de euros.
Fontaniella ha calificado el conflicto como un «problema regional», al estar en juego más de cien puestos de trabajo en una comarca que «necesita empleo e inversión industrial».
El regidor ha adelantado también próximas reuniones con FADE y la Cámara de Comercio, para sumar voces en defensa del proyecto industrial de la empresa. EFE
