Por Raquel Godos |
Pie de Pató (Colombia) (EFE).- En Pie de Pató, como tantas otras veces, hoy no hay agua. Pero el centro de salud, el único para los 28.000 habitantes del Alto Baudó, en el departamento colombiano del Chocó (oeste), abre sus puertas con apenas cuatro médicos y un puñado de enfermeras
El calor aplasta, hay un 80 % de humedad y unas condiciones evidentes de insalubridad, un escenario perfecto para la proliferación de malaria, enfermedades pulmonares, deshidratación y desnutrición infantil.
La medicina preventiva es una quimera: apenas hay ancianos por las calles.
La situación es un reflejo de la sanidad rural en Colombia, agravada en esta zona del Pacífico por la presencia de grupos armados y una compleja orografía, pero con un claro abandono por parte del Estado que la reforma de salud que impulsa el presidente, Gustavo Petro, quiere corregir.
Falta de recursos
Jany García es enfermera en Pie de Pató y reclama que los medios con los que cuentan son insuficientes. Aunque tienen un pequeño laboratorio, una zona de odontología y cinco habitaciones dobles, sus recursos, incluidos los medicamentos, son muy escasos y casi cualquier emergencia requiere un traslado hospitalario.
Atienden a un centenar de pacientes diarios y hacen varias remisiones al único hospital público de la capital, Quibdó, que funciona correctamente; traslados de hasta diez horas en lancha, cinco por tierra y en la mayoría asistidos por Médicos Sin Fronteras (MSF), que corre con los gastos.
Wartinson, el bebé de unos meses de Romaña Rubiano, indígena embera de Pavarandó, ingresó hace seis días al centro de salud por complicaciones pulmonares, tos y diarrea.
“MSF cubre los 108.000 pesos (25 dólares) de gasolina de la lancha, y después le hospitalizaron, y ahí nos dan 67.000 pesos (17 dólares) diarios” para mantenernos aquí, cuenta. Con suerte su hijo se está recuperando.
Más allá del pueblo
En Chachajo, un caserío de unos 800 habitantes a 3 horas por río de Pie de Pató, solo tienen a Miriam Palacios, una promotora de salud sin estudios formales. El centro que frecuenta tiene 4 salas vacías y una camilla.
“Me corresponde promover la salud y prevenir las enfermedades. Si llega un enfermo, atenderlo, prestarle los primeros auxilios”, explica Palacios. También coordina las remisiones a Pie de Pató.
Solo cuenta con acetaminofén, ibuprofeno, sulfato de zinc y suero oral. Las suturas las hace con aguja e hilo de coser. Y los materiales los guarda en una botella desinfectada de refresco.
“Que al menos nos pongan una enfermera jefe (…) Hay muchos casos que una enfermera jefe puede solucionarle a la comunidad”, argumenta.
¿Qué ocurre con la sanidad rural?
La propuesta de Petro busca más recursos y control para la sanidad rural, aunque sean las mismas empresas privadas, proveedoras de salud, las que los gestionan. El 24 % de la población colombiana vive fuera de las ciudades, unos 12 millones de habitantes.
El actual sistema sanitario es mixto y complejo, y depende de las Empresas Proveedoras de Salud (EPS), privadas o público-privadas, que garantizar y gestionar los servicios.
Las EPS contratan a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS); les asignan fondos en función de cuantas personas tengan afiliadas y son las que atienden directamente a los pacientes, en una terciarización que acaba creando desigualdades en el acceso en zonas remotas y rurales.
En Pie de Pató, además, han cancelado la contratación del transporte medicalizado de pacientes a Quibdó por impago de la IPS, y ahora dependen de un transporte regular sin condiciones sanitarias.
“Hay una problemática a nivel estructural, del Gobierno central, de las EPS y las IPS. (…) Muchas veces las EPS se escudan en decir que las IPS no les están pagando y por eso dan una mala calidad del servicio”, explica la coordinadora de salud de Pie de Pató, Tatiana Jaramillo.
La reforma de salud de Petro no ha estado exenta de críticas y turbulencias -la artífice del texto, Carolina Corcho, ya ni siquiera es la ministra- y su rechazo por la oposición tiene en jaque la iniciativa.
En su planteamiento pretende que alrededor del 80 % de los recursos estatales pasen directamente a manos de los hospitales e IPS; que éstas tengan los recursos necesarios directos para atender a los pacientes.
También que haya más control sobre los proveedores y eliminar intermediarios. Las EPS no desaparecerían y pasarían a ser gestoras administrativas de los afiliados.
Pero pese a la voluntad de ampliar la atención primaria y preventiva, no está claro cómo financiarla en un país donde tan solo cotiza el 4,5 % de la población.
“Si el Gobierno mirara estas zonas rurales complejas, tanto de acceso geográfico como poblacional (…) sería diferente. No es lo mismo estar en el Alto Baudó a estar en Bogotá. Acá todavía estamos pensando en cómo remitir un paciente”, insiste Jaramillo.
