Santa Cruz de Tenerife (EFE).- Carlos Sánchez Muñoz, CEO de la empresa ACJ, una de las principales suministradoras de material sanitario al Servicio Canario de Salud, ha negado en la comisión parlamentaria de investigación del caso mascarillas que la empresa esté siendo investigada o haya sido requerida por la fiscalía europea por los contratos durante la pandemia.
«Nadie de la Fiscalía se ha dirigido a nosotros, esa información de la prensa no es correcta con respecto a nosotros», manifestó Sánchez Muñoz, quien ha reiterado que todos sus envíos de material sanitario cumplieron los estándares de calidad con los que fueron contratados y estuvieron en tiempo y forma, a pesar de las grandes dificultades para desenvolverse en «un mercado imposible».
El directivo indicó además que su empresa mantiene una relación de largo plazo y de confianza con el Servicio Canario de la Salud, y pretende seguir haciéndolo.
Así, el departamento de calidad de ACJ verificaba todos los productos antes de su entrega al SCS, y además había un control previo antes de salir de China.
ACJ, explicó, trabajó durante la pandemia exactamente con los mismos márgenes comerciales que tenía antes y que mantiene después, pues no tenía ningún interés en aprovecharse de la escasa oferta de material sanitario para inflar los precios.
En uno de los contratos al principio de la pandemia ACJ recibió un anticipo de 4 millones de euros, el 50% de la compra del material adjudicado, porque no tenía capacidad financiera para asumirlo, pero sí los contactos con los proveedores de China, con los que trabajaban ya antes de la pandemia.
«Era una situación imposible, teníamos muchas dificultades para conseguir el material. La máxima nuestra era la profesionalidad y la calidad en todos los productos, que todo el material cumpliera con todos los requisitos», y de hecho «ningún material suministrado por ACJ fue desechado por los hospitales», explicó a los parlamentarios.
«Había mucho engaño, era un mercado tan volátil y había tantas empresas que querían cobrar y desaparecer que había un riesgo» en la adquisición de los materiales, pero era un riesgo que «hubiera asumido ACJ», si bien no fue preciso porque ninguna de sus compras salió mal.
Entre los contratos de emergencia y los ordinarios, durante la pandemia ACJ facturó unos 17 millones de euros del Servicio Canario de la Salud y fue uno de sus principales proveedores.
Carlos Sánchez explicó que el contacto principal de la empresa para concurrir con sus ofertas de material era la entonces directora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez.
En una ocasión, por videoconferencia, se comunicaron con el comité de emergencias al completo y también hubo una conversación con el exdirector del SCS Antonio Olivera para coordinar la logística cuando llegó el primer avión de China con material sanitario, puesto que el transporte correspondía a otra compañía.
El CEO de ACJ fue preguntado por las informaciones publicadas sobre que la fiscalía investigaba un contrato sobre 50.000 pruebas para el covid por 795.000.
Pero afirmó que es una información incorrecta y que no han recibido ninguna comunicación ni de jueces ni de fiscales: «Ni hemos estado ni estamos investigados por la Fiscalía Europea».
Sánchez Muñoz dijo que en los tratos de su empresa con el SCS durante la pandemia no tuvo sensación de que hubiera descoordinación en el aprovisionamiento.
Sí percibió que la Administración canaria actuó con profesionalidad y buena fe, como todos los actores involucrados, puesto que todos estaban volcados en solucionar un problema al que nunca se habían enfrentado, «eso era lo que tocaba». EFE
acp/spf
(foto)
